Un entramado criminal que combinó falsos profesionales, insumos provenientes de la piratería del asfalto y una alarmante “ceguera” institucional. Cuáles son los nombres detrás del policonsultorio trucho “Argentina Salud”, cómo se financiaban y en qué estado se encuentra la causa judicial.

Por Redacción IN-FORMADOS

La impunidad suele requerir dos condiciones esenciales para perdurar en el tiempo: la audacia criminal de quienes la ejecutan y la deliberada inacción —o inoperancia absoluta— de quienes deben controlarla. Durante media década, la red de centros médicos clandestinos bajo el sello “Argentina Salud” operó a la vista de todos en el partido de La Matanza. Su sede central, ubicada sobre la concurrida Avenida Juan Manuel de Rosas al 14900, en González Catán, no era un consultorio discreto de pasillo; era un policonsultorio con guardia las 24 horas, base de ambulancias y farmacia interna.

Hoy, la investigación judicial expone las vísceras de un sistema que funcionaba enteramente en negro y que se cobró vidas antes de ser desmantelado.

Las identidades del “Imperio” Clandestino

La causa judicial avanzó con contundencia sobre la estructura operativa de la banda, logrando la detención de 29 personas imputadas por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta clandestina de medicamentos. Las pericias y los testimonios identifican con claridad a la cúpula:

• Alberto Rubén Santarceri (57), alias “Beto”: Señalado como el cerebro, dueño y máximo responsable de la organización. Santarceri no proviene del ámbito sanitario; cuenta con un frondoso prontuario penal que incluye una condena previa por homicidio.
• Gabriel Musse: Socio estratégico de Santarceri. Su rol era clave en la logística de abastecimiento. Al igual que el líder, posee antecedentes penales pesados y cumplió condena en el pasado por delitos vinculados a la piratería del asfalto.
• Noelia Luna: Pareja de Santarceri y considerada su mano derecha en la administración contable y operativa de las diferentes sucursales.
• El clan familiar: Los hijos de Santarceri y miembros de su círculo íntimo completaban la línea de mandos medios, encargándose de la recaudación diaria y la supervisión de los locales.

La estafa de los guardapolvos: Los encargados contrataban a falsos profesionales —muchos de ellos extranjeros sin título revalidado o personas sin instrucción alguna—. El modus operandi consistía en clonar sellos con matrículas reales robadas a médicos legítimos. Según declararon exempleados en la causa, “con una sola matrícula atendían entre cinco y diez personas distintas”.

La Logística Barrani: ¿Cómo se financia una clínica trucha?

Una de las mayores incógnitas del caso era cómo un complejo de salud justificaba los monumentos de consumo de luz, gas, oxígeno y medicamentos sin levantar alertas fiscales. El expediente judicial describe una ingeniería montada 100% sobre la marginalidad y el delito:

• Servicios “enganchados”: Las sedes no contaban con medidores comerciales acordes a un centro de salud. Se abastecían mediante conexiones clandestinas a las redes de alta tensión o figuraban bajo la categoría de “viviendas multifamiliares” a nombre de testaferros.
• Medicamentos de piratería: Las clínicas no podían comprar insumos a droguerías oficiales porque carecían de habilitación de la ANMAT. El nexo de Musse con la piratería del asfalto resolvió el problema: la farmacia interna de “Argentina Salud” se stockeaba directamente con los medicamentos robados a camiones de laboratorios en las rutas bonaerenses.
• Caja en efectivo: El público objetivo eran vecinos de bajos recursos o sin cobertura médica. Los bonos de atención se cobraban exclusivamente en efectivo. Sin posnets ni cuentas bancarias activas a nombre de la firma, el flujo de dinero evadía cualquier radar de la AFIP.

La lupa sobre el poder político: ¿Quién debía mirar?

Si bien las detenciones golpearon con fuerza a la banda civil, el eslabón político sigue amparado en los tiempos de la burocracia. Los centros médicos debieron haber sido auditados por la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud provincial, en coordinación con las áreas de Habilitaciones Comerciales e Inspección General del Municipio de La Matanza.

Hasta el momento, no existen funcionarios de alto rango imputados formalmente con nombre y apellido. Sin embargo, la fiscalía mantiene bajo estricta investigación la línea de inspectores locales de calle. La hipótesis principal apunta a un “esquema de peajes”, donde inspectores de salubridad o delegados comerciales recibían coimas para falsificar actas de inspección o cajonear denuncias previas de vecinos. Resulta técnicamente inverosímil que ambulancias sin patentes circularan durante años y locales con cartelería pública pasaran desapercibidos ante las tasas municipales de publicidad y comercio.

Estado de Situación en los Tribunales

La causa penal está radicada en el Departamento Judicial de La Matanza, bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Gregorio de Laferrere.

• Los procesamientos: Los 29 detenidos enfrentan cargos gravísimos que, en concurso real, podrían costarles penas de hasta 10 años de prisión efectiva por liderar una asociación ilícita orientada al fraude a la salud pública.
• Los homicidios culposos: La fiscalía trabaja activamente en conectar la mala praxis de los falsos médicos con los decesos ocurridos en el lugar. El detonante del cierre fue el caso de un paciente que ingresó con un cuadro coronario agudo y falleció porque el personal de guardia “no supo leer un electrocardiograma”.
• Los médicos damnificados: El juzgado sigue recibiendo presentaciones de profesionales de la salud legítimos que se presentan como querellantes tras descubrir que sus nombres y matrículas figuraban en recetas de psicofármacos y certificados emitidos por esta red mafiosa.

El caso de “Argentina Salud” no es un hecho aislado de ejercicio ilegal de la medicina; es la radiografía de cómo el crimen organizado es capaz de suplantar al Estado en las zonas más vulnerables del Conurbano, lucrando con la necesidad y la vida de la gente ante una alarmante pasividad institucional.

Servicio informativo IN-F