Salud

La premisa del libre mercado y la desburocratización del Estado suena atractiva en los papeles de la teoría económica: eliminar trabas, bajar costos y permitir que la competencia beneficie el bolsillo del ciudadano. Sin embargo, cuando la teoría se aplica con dogmatismo y desprecio por los mecanismos de control esenciales, el resultado no es la libertad económica, sino el sálvese quien pueda. La reciente y alarmante denuncia de la histórica firma Lumilagro —puesta sobre la mesa por su gerente comercial, Carlos Bender— es la radiografía perfecta de un error conceptual que ya no solo asfixia a la industria nacional, sino que amenaza directamente la salud pública de los argentinos. Claro, siempre y cuando, “la salud pública de los argentinos” fuera algo a tener en cuenta para el señor funcionario desregulador.

La agenda legislativa en el Congreso de la Nación avanza bajo una premisa innegable: desregular la economía, suprimir trabas burocráticas y simplificar las reglas comerciales para atraer inversiones. Sin embargo, cuando las reformas tocan áreas de prevención sanitaria y bienestar social, la frontera entre el fomento al capital y el lobby corporativo se vuelve difusa.