La muerte de una suboficial de 26 años en el sur provincial expone la urgencia de una crisis de salud mental que las fuerzas de seguridad arrastran en silencio. El análisis estadístico demuestra el alarmante impacto de una problemática donde el riesgo profesional supera con creces al peligro de la calle.

Por: Redacción IN-FORMADOS

La medianoche en el barrio Las Flores de Rosario sumó esta semana una nueva tragedia para la Policía de Santa Fe. La suboficial Nancy Chiara Aneley Toranza, de apenas 26 años, se quitó la vida en su vivienda de la calle Orquídea tras enviar un mensaje de despedida a su hermana. El dramático episodio, en el que su propio padre y su hermana escucharon la detonación al intentar ingresar a la vivienda, no es un hecho aislado. Pone de manifiesto, una vez más, una realidad estructural que golpea a los servicios de seguridad en todo el país.

El análisis de los datos sociológicos e institucionales revela una asimetría alarmante: mientras el debate público se centra en los riesgos del cumplimiento del deber ante el delito, la verdadera sangría de las fuerzas se produce tranqueras adentro, bajo la forma de una crisis de salud mental no asistida.

La nivelación estadística: La tasa por cada 100.000 habitantes

Para dimensionar la gravedad de la situación sin el sesgo del volumen demográfico, la epidemiología y la estadística criminal utilizan las tasas de incidencia por cada 100.000 habitantes. Al aplicar esta metodología comparativa sobre los registros históricos de las fuerzas de seguridad y la población civil, las alarmas institucionales se encienden de inmediato.

• En la población civil: Los datos consolidados históricamente en el territorio nacional arrojan una tasa de mortalidad por suicidio que oscila entre los 8 y los 10 casos por cada 100.000 habitantes al año.
• En las fuerzas de seguridad: Al analizar el universo de agentes en actividad (policías provinciales, federales y fuerzas de seguridad nacionales), la tasa proyectada se dispara drásticamente, ubicándose en un promedio que va de los 45 a los 55 casos por cada 100.000 efectivos anuales, dependiendo de la jurisdicción.

El cálculo técnico es inapelable: la probabilidad de que un efectivo de seguridad tome la decisión de quitarse la vida es hasta cinco veces mayor que la de un ciudadano civil común. El dato derriba el mito de que el principal factor de riesgo para el uniformado proviene exclusivamente del enfrentamiento armado en la vía pública.

Los factores que configuran la “olla a presión”

La sociología victimológica identifica una serie de componentes específicos del entorno laboral y operativo de las fuerzas que explican esta alarmante brecha respecto a la población civil:

1. La disponibilidad del medio: A diferencia del ciudadano común, el personal policial convive las 24 horas con un arma de fuego provista por el Estado. La inmediatez y la alta letalidad del elemento reducen el margen de tiempo entre el impulso crítico y la ejecución del acto, anulando las posibilidades de contención familiar o médica de urgencia.
2. Precarización laboral y desarraigo: Jornadas de recargo extenuantes, la necesidad de realizar horas adicionales (adicionales o CO.RE.S.) para complementar salarios deprimidos por la inflación y los traslados obligatorios a cientos de kilómetros de sus hogares (un fenómeno crónico en la policía santafesina con los agentes del norte destinados al sur) erosionan los lazos de contención afectiva.
3. El estigma institucional de la salud mental: Dentro de la cultura interna de las fuerzas de seguridad, la manifestación de cuadros de depresión, ansiedad o ataques de pánico sigue siendo percibida como una muestra de “debilidad” o “falta de aptitud”. El temor al desarme, al pase a disponibilidad defensiva —que implica una reducción drástica de los ingresos salariales— y al aislamiento profesional provoca que los agentes prefieran ocultar su padecimiento antes que requerir asistencia psicológica.

Una deuda política e institucional

La muerte de la suboficial Toranza en Rosario reactiva un interrogante inevitable para las conducciones ministeriales y las jefaturas de fuerza. Los presupuestos suelen volcarse masivamente a la adquisición de patrulleros, armamento y tecnología de vigilancia, mientras que los gabinetes de asistencia psicológica internos carecen de personal suficiente, capilaridad en el territorio y, fundamentalmente, de la confianza de los propios suboficiales para acudir a ellos sin temor a represalias laborales.

La desatención de esta crisis silenciosa no solo destruye familias internamente; también degrada la calidad del servicio de seguridad que se le brinda a la comunidad. Quien tiene la responsabilidad institucional de portar un arma para proteger la vida de terceros no puede quedar desamparado por el propio Estado ante sus propias situaciones de vulnerabilidad.

Servicio informativo IN-F