La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de avalar la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario ha abierto una grieta conceptual profunda en el corazón del relato oficial. No se trata únicamente de una puja presupuestaria por los recursos de la educación pública; estamos ante un debate fundamental sobre la vigencia del principio de igualdad ante la ley y los límites del ejercicio del poder en la Argentina actual.

EDITORIAL / OPINIÓN
Por Santiago Martínez

Javier Milei, sobre Manuel Adorni: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”

Para dimensionar la gravedad del escenario, conviene trazar un contraste discursivo reciente. Desde España, el presidente Javier Milei fue taxativo al referirse a las denuncias sobre su vocero Manuel Adorni: afirmó con vehemencia que acataría de inmediato lo que dictaminase la justicia y que, de hallarse culpabilidad, lo “eyectaría de una patada”. Esa exhibición de intransigencia frente a la conducta individual de un funcionario busca proyectar una imagen de apego estricto a la legalidad. Sin embargo, esa misma vara parece diluirse cuando el mandato judicial ya no roza a un individuo, sino al núcleo duro de la matriz económica de la gestión.

Es aquí donde la arquitectura política del oficialismo revela una alarmante inclinación hacia la selectividad jurídica. Todo indica que la estrategia gubernamental frente al fallo de la Corte no será el desacato llano —un costo institucional que dinamitaría la confianza de los mercados—, sino la ingeniería de una maniobra discursiva basada en la “imposibilidad fáctica o financiera”. Bajo el dogma innegociable del déficit cero, el Poder Ejecutivo pretende subordinar la supremacía de la Constitución y las órdenes del Máximo Tribunal a las variables de la macroeconomía, transformando un mandato judicial imperativo en una opción política optativa.

Este fenómeno nos introduce en un concepto tan novedoso como peligroso: la sociedad a tres velocidades. Al amparo de regímenes de excepción de corte “superrigiano” —parodiando la lógica del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)—, el poder político parece autopercibirse como un actor que opera en una dimensión jurídica superior, blindado y exento de los controles que rigen para el común de los mortales. En este esquema, las reglas de juego y las garantías constitucionales quedan relegadas a la velocidad del ciudadano de a pie, mientras que las decisiones de la cumbre del poder corren por una autopista libre de peajes institucionales.

La asimetría temporal de este juego es de un realismo crudo. Mientras los contrapesos republicanos y los debidos procesos judiciales se mueven con la parsimonia de un policía en bicicleta, la disrupción del Poder Ejecutivo avanza a la velocidad de un camión sin frenos. El cálculo estratégico del oficialismo es evidente: apuestan a que la inercia de sus medidas consumadas y el calendario electoral de 2027 lleguen mucho antes que cualquier sentencia firme de la justicia.

El peligro de convalidar esta dinámica es que la igualdad ante la ley pase a ser una pieza de museo o un concepto abstracto de manual de instrucción cívica. Si el camión sin frenos del poder solo se detiene cuando se desgasten las ruedas del capital político o del humor social, la política habrá dejado de ser el arte de la convivencia institucional para convertirse en una carrera de resistencia física donde el más fuerte impone su ley, vulnerando cada regla que estorbe en su camino.

Defender la universidad pública hoy es, fundamentalmente, defender la vigencia de una única velocidad jurídica para todos los habitantes de la Nación, empezando por su primer magistrado.

Servicio informativo IN-F