La premisa del libre mercado y la desburocratización del Estado suena atractiva en los papeles de la teoría económica: eliminar trabas, bajar costos y permitir que la competencia beneficie el bolsillo del ciudadano. Sin embargo, cuando la teoría se aplica con dogmatismo y desprecio por los mecanismos de control esenciales, el resultado no es la libertad económica, sino el sálvese quien pueda. La reciente y alarmante denuncia de la histórica firma Lumilagro —puesta sobre la mesa por su gerente comercial, Carlos Bender— es la radiografía perfecta de un error conceptual que ya no solo asfixia a la industria nacional, sino que amenaza directamente la salud pública de los argentinos. Claro, siempre y cuando, “la salud pública de los argentinos” fuera algo a tener en cuenta para el señor funcionario desregulador.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

A los termos “peligrosos” se les nota la costura de su soldadura en el interior

El escenario denunciado expone un circuito escalofriante: el ingreso masivo desde China hacia Bolivia de millones de termos de acero a un valor irrisorio de 60 centavos de dólar por unidad. Termos que, lejos de quedarse en el país vecino, cruzan nuestras fronteras de contrabando para inundar las mantas del comercio informal y los locales que juegan al límite de la legalidad.

Pero el verdadero peligro no es la evasión fiscal ni la competencia desleal, que ya de por sí son graves. El peligro es lo que esos termos contienen. Para que un recipiente sea apto para el contacto con líquidos calientes, debe ser fabricado con acero inoxidable de calidad médica o alimentaria (calidad 304). Los termos que ingresan por la frontera de contrabando están hechos de acero chatarra, metales reciclados sin tratamiento que carecen de los componentes necesarios para evitar la corrosión. Al verter agua hirviendo para el mate, estos materiales liberan metales pesados y componentes altamente tóxicos directamente al flujo que consume el ciudadano.

El desmantelamiento del control

¿Cómo se llegó a esto? Aquí es donde la gestión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, queda bajo la lupa. En su afán por remover “obstáculos que encarecen el comercio”, el Gobierno avanzó en la eliminación del histórico estampillado fiscal obligatorio de la AFIP que se colocaba en la base de cada termo, además de flexibilizar los canales de control aduanero y diluir los aranceles específicos.

Al quitar la estampilla y los filtros de trazabilidad, el Estado no eliminó una “burocracia inútil”; eliminó el único faro que tenía el consumidor y el comerciante responsable para distinguir un producto seguro de una trampa de acero tóxico.

Existe un error conceptual profundo en la mirada libertaria de la desregulación. La teoría liberal clásica sostiene que el Estado debe retirarse de la fijación de precios y de la intervención comercial, pero debe fortalecer con rigidez su poder de policía en materia de salud, seguridad y prevención del fraude. Si desregulás el trámite comercial pero al mismo tiempo desfinanciás, relativizás o descoordinás los controles fronterizos y sanitarios (como los que corresponden al INAL o la aduana), lo que generás no es un mercado transparente, sino una zona de liberación de hecho.

En defensa del comercio y la industria responsable

Esta situación deja a los industriales y comerciantes serios —aquellos que pagan impuestos, sostienen empleos en blanco y someten sus productos a rigurosos análisis de toxicidad— en una absoluta intemperie competitiva. No se puede competir contra el desecho industrial que entra en negro por la frontera. El caso de Lumilagro, que debió reducir drásticamente su estructura histórica y volcarse a un modelo mixto para no desaparecer, es el síntoma de un tejido productivo que se destruye no por falta de eficiencia, sino por la ausencia de reglas de juego limpias.

El reclamo de los sectores productivos y comerciales responsables no es un pedido de “proteccionismo prebendario”; es la exigencia básica de que se cumpla la ley. Un comerciante honesto no quiere vender veneno en su góndola, pero el propio Estado está borrando las herramientas para que pueda garantizarlo.

La desregulación no puede ser un dogma que se ejecute a ciegas desde un escritorio porteño, ajeno a la realidad de las fronteras y los talleres. Cuando la burocracia se reduce al punto de desproteger la panza y la salud de los consumidores, la libertad se transforma en una ficción peligrosa. Cuidar la industria y el comercio legal es, en este contexto, un acto de legítima defensa de la salud de todos.

Así, como estamos, no nos están dando libertad. Nos están, directamente, dejando a la intemperie. La diferencia principal radica en la autonomía y la protección. Ser libre implica tener la capacidad de elegir tu propio camino, mientras que estar a la intemperie significa estar desamparado y expuesto a los peligros del entorno sin refugio.

Servicio informativo IN-F