A raíz del conmocionante caso de Agostina Vega en Córdoba, recordamos que en la Argentina no existe ningún plazo de espera legal para reportar la ausencia de un niño, niña o adolescente. Qué dice la ley y cómo actuar ante la inercia estatal.

Por Redacción IN-FORMADOS

En Criminalística, “el tiempo que pasa es la verdad que huye”

El reciente y resonante caso de la desaparición de Agostina en la provincia de Córdoba ha vuelto a encender las alarmas sociales y, fundamentalmente, a poner bajo la lupa la respuesta de las instituciones del Estado ante las primeras horas de una ausencia. En momentos de desesperación, la desinformación puede ser el peor enemigo de una familia. Por eso, es imperioso sepultar de manera definitiva uno de los mitos urbanos más extendidos y dañinos del sistema policial y judicial: la falsa creencia de que “hay que esperar 24 o 48 horas” para denunciar la desaparición de una persona, especialmente si se trata de un menor de edad.

En la legislación argentina no existe, ni existió jamás, un tiempo mínimo de espera. La respuesta ante la sospecha de una desaparición debe ser, por obligación legal, inmediata. Cada minuto que se pierde en la burocracia de un mostrador policial es un tiempo de oro que se le resta a la integridad física y a la vida, tanto de un niño, como de una persona adulta.

El blindaje legal: de los tratados internacionales a la práctica local

La inmediatez en la búsqueda no es un favor que concede el funcionario de turno; es un mandato imperativo respaldado por un denso marco normativo nacional e internacional al que la República Argentina adhiere con rango constitucional:

• La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): Incorporada a nuestra Constitución, consagra el principio del Interés Superior del Niño. Este estándar internacional obliga a todas las agencias del Estado a actuar con la máxima diligencia y celeridad ante cualquier situación de vulnerabilidad o riesgo inminente que afecte a un menor.
• La Ley Nacional 26.061 (Protección Integral): Réplica interna de los principios internacionales, esta norma establece que los derechos de los niños y adolescentes son de orden público, irrenunciables y de atención prioritaria. No hay formalidad administrativa que pueda postergar su aplicación.
• Protocolos Federales (SIFEBU y Alerta Sofía): El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas dictamina de forma taxativa que los mecanismos de rastreo y articulación de fuerzas de seguridad deben activarse en el segundo uno de recibida la denuncia. De igual forma, el programa “Alerta Sofía” —diseñado para casos de alto riesgo— requiere una difusión masiva e inmediata que resulta incompatible con cualquier dilación temporal.

Guía de acción ciudadana: ¿Qué hacer si se niegan a tomar la denuncia?

A pesar de la claridad de las leyes, la realidad fáctica a veces tropieza con la desidia, la falta de capacitación o la comodidad de ciertos agentes que se muestran reacios a activar los protocolos, aduciendo argumentos obsoletos como “seguro se fue con el novio” o “esperemos a ver si vuelve a la noche”.

Si usted se encuentra ante un funcionario que se niega a tomarle la denuncia de manera inmediata, IN-FORMADOS detalla los pasos legales que puede y debe seguir para romper esa inercia:

1. Exija el cumplimiento de la ley en el acto: Sostenga con firmeza que, por ley nacional y protocolo federal, la policía tiene la obligación de registrar el hecho de forma inmediata. No se retire de la dependencia sin constancia del trámite.
2. Acuda directamente a la vía judicial: Si la comisaría mantiene su postura reticente, no pierda tiempo discutiendo. Diríjase de inmediato a la Fiscalía de Instrucción o de Turno de su jurisdicción, o ante el Juzgado de Garantías. Los magistrados y fiscales tienen competencia directa para ordenar a las fuerzas de seguridad el inicio de las tareas de rastrillaje.
3. Utilice las líneas de emergencia nacionales: En paralelo, realice la denuncia telefónica o solicite asistencia urgente a través de la Línea 134 (Ministerio de Seguridad de la Nación, específica para personas extraviadas) o la Línea 102 (organismos locales de protección de derechos de niñez).
4. Denuncie al funcionario por Incumplimiento: El agente policial o judicial que dilata deliberadamente la búsqueda de un menor está cometiendo el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público. Tome el nombre, apellido y cargo del efectivo que lo atiende y deje asentada la denuncia correspondiente ante la fiscalía o el área de Asuntos Internos de la fuerza.

El caso de Agostina nos demuestra, una vez más, que la comunidad y las instituciones deben marchar a un mismo ritmo frente a las urgencias. Difundir que la búsqueda debe comenzar de inmediato no es solo una aclaración técnica: es una herramienta de defensa ciudadana indispensable para proteger a los más vulnerables.

El encuadre penal: ¿Qué delito comete el funcionario que se niega a actuar?

La negativa o la dilación en la recepción de una denuncia por desaparición de un menor no constituye una simple falta administrativa o un error de procedimiento; es una conducta que se encuadra directamente dentro del Código Penal de la Nación Argentina.

El funcionario policial o judicial que impone un plazo de espera arbitrario comete el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, tipificado en el Artículo 248 de nuestra ley penal.

Artículo 248 del Código Penal: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».

Los tres elementos que configuran el delito en estos casos:

• La Omisión del Mandato Legal: El agente tiene la obligación taxativa (por las leyes de fondo y los protocolos del SIFEBU) de actuar de forma inmediata. Al no hacerlo, está dejando de ejecutar una ley cuyo cumplimiento le incumbe de forma directa por su cargo.
• La Inconducta Dolosa: El funcionario conoce la normativa (o tiene la obligación técnica de conocerla) y, de manera deliberada, decide postergar el derecho de la víctima basándose en un criterio informal o en un mito (las famosas “24 horas”).
• La Gravedad Institucional: En el contexto de la desaparición de un menor, la omisión del funcionario no solo vulnera la administración pública, sino que coloca a la víctima en una situación de desamparo absoluto y peligro inminente, agravando la responsabilidad del Estado ante los tratados internacionales.

Cómo dejar asentada la denuncia contra el agente

Si un ciudadano se enfrenta a esta situación, la figura delictiva permite accionar legalmente de forma inmediata. Al dirigirse a la Fiscalía de Turno para reportar la desaparición del menor, se debe exigir al fiscal que abra una causa penal paralela contra los efectivos de la comisaría interviniente por infracción al artículo 248 del Código Penal.

Para ello, es fundamental retener los siguientes datos de la dependencia policial:

1. Nombre, apellido y rango del personal que se negó a tomar la denuncia (están obligados por ley a identificarse y exhibir su placa).
2. Número de la comisaría o nombre de la dependencia.
3. Hora exacta en la que se acudió y en la que se rechazó el trámite.

La inacción policial en las primeras horas de una desaparición es ilegal y penalmente perseguible. La ley penal argentina castiga con la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes, por desidia o ignorancia, ponen en jaque la vida de los más vulnerables.

Servicio informativo IN-F