La promesa de convertir a la Argentina en una “potencia mundial en 30 años” ha sido el mantra más repetido por la administración de Javier Milei. Sin embargo, detrás del relato de la prosperidad futura se esconde una arquitectura jurídica y financiera que está quebrando el principio más elemental de nuestra Constitución Nacional: la igualdad ante la ley.

Por Santiago Martínez
Director Editorial | Diario IN-FORMADOS

Lejos de una república unificada, el experimento libertario está fragmentando el país en tres andariveles normativos irreconciliables. Y los recientes escándalos financieros en torno al principal think tank del oficialismo, la Fundación Faro, aportan la pista definitiva de cuál es la Argentina elegida para el éxito y cuál es la que se encamina al sacrificio.

Los números de la opacidad

Para entender el mapa de la nueva Argentina, primero hay que seguir la ruta del dinero. Una reciente investigación del portal Chequeado encendió las alarmas de la Inspección General de Justicia (IGJ) al revelar el fabuloso patrimonio de la Fundación Faro, liderada por el politólogo Agustín Laje.

En su primer año, la entidad declaró ingresos por casi 5.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares). El 99% de esos fondos provienen de “donaciones” y “talleres” opacos, de origen desconocido, recolectados en cenas exclusivas organizadas en sintonía con poderosos apellidos del círculo rojo tradicional, como la familia Neuss. La magnitud de la caja es inédita: supera por más de cinco veces lo que recaudaban las fundaciones del PRO en pleno apogeo macrista.

¿Adónde va ese dinero? Lejos de destinarse a la beneficencia, el balance oficial demuestra que los fondos se colocaron en jugosas inversiones financieras (letras y bonos del Tesoro) y en un aparato de propaganda digital masivo (bajo el sello Ratio) que gastó más de 1.000 millones de pesos en pauta política para redes sociales. Faro no es una ONG; es el puente ideológico y financiero que el gobierno utiliza para validar el nacimiento de un nuevo orden social dividido en tres velocidades.

El mapa de la fragmentación

• La Primera Argentina: El blindaje de los grandes capitales. Es la Argentina del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Un club selecto que goza de un estatuto de excepción fiscal, aduanero y cambiario garantizado por 30 años. Si estas corporaciones tienen un conflicto legal con el Estado, se dan el lujo de saltearse a los jueces argentinos para dirimir sus ganancias en tribunales internacionales (CIADI) bajo leyes extranjeras.
• La Segunda Argentina: El oasis de Silicon Valley. Es el modelo que desvela al gobierno y que atrae a magnates mundiales como Peter Thiel, fundador de PayPal y financista global de la nueva derecha, quien ya mantiene reuniones clave con el estratega Santiago Caputo y la plana mayor de Faro. Inspirados en las polémicas “ciudades charter” o ZEDE de Honduras —verdaderos enclaves privados con leyes propias—, el oficialismo promueve un “Super RIGI institucional” mediante reformas a la Ley de Sociedades. El objetivo es desregular los controles estatales para que los inversores tecnológicos operen con total opacidad, sin controles societarios, laborales ni cambiarios, a cambio de una suerte de “membresía corporativa”. Esta es la Argentina que Milei eligió para ser potencia. Una Argentina de corporaciones flotantes y fortunas protegidas de toda interferencia estatal.
• La Tercera Argentina: El llano tradicional. Aquí transitamos el resto. El ciudadano de a pie, el comerciante local, el profesional y la PyME de provincia. Para esta tercera categoría no existen exenciones por tres décadas, ni prórrogas de jurisdicción en Nueva York, ni flexibilizaciones. A esta Argentina tradicional le toca sostener el peso del ajuste, la carga impositiva ordinaria, las tarifas dolarizadas y el control estricto de los organismos reguladores. Mientras los dos primeros andariveles vuelan alto desregulados, el tercero camina por el barro de la ley común.

El fin del contrato social

El filósofo político y referente del techno-libertarianism, Peter Thiel, ha escrito que la democracia y la libertad económica son incompatibles. El gobierno de Milei parece haber tomado esa premisa como un manual de instrucciones.

La meta de los 30 años no contempla elevar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. Contempla el repliegue del Estado para abrirle las puertas a un capitalismo tecnológico global que exige inmunidad jurídica y fiscal.

Las fronteras de la soberanía ya no se defienden en la geografía, sino en los despachos donde se redactan los regímenes de excepción. Mientras la Fundación Faro aceita el mecanismo con millones de origen difuso, los argentinos comunes asistimos al funeral de la igualdad ante la ley. El país potencia que nos prometen no está pensado para nosotros; está diseñado para quienes puedan pagar la membresía de entrada.

Servicio informativo IN-F