La causa judicial por la presunta estafa piramidal con la criptomoneda “$LIBRA” ha dado un giro dramático en las últimas horas en los tribunales de Comodoro Py. Un peritaje informático clave, incorporado al expediente y difundido en una investigación de Página/12, complicó severamente la situación procesal del presidente Javier Milei. Según los informes técnicos, el código criptográfico indispensable para habilitar la preventa masiva del token estuvo bajo estricto secreto hasta el minuto exacto en que fue publicado en la cuenta personal del mandatario en la red social “X”, posicionándolo para la querella en el rol de “partícipe necesario” de la maniobra.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

Imagen tomada de la web

El escándalo, que ya adquirió ramificaciones internacionales con presentaciones ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI, investiga un presunto esquema de pump and dump (inflar y vender). La mecánica consistía en utilizar la enorme influencia digital del jefe de Estado para disparar el valor de la moneda virtual y, una vez en el pico de cotización, vaciar los fondos dejando miles de damnificados.

El nexo causal: la “llave” estuvo en la cuenta presidencial

La defensa oficialista había intentado encuadrar el posteo original del Presidente —donde recomendaba fervientemente la adquisición de la criptomoneda y suministraba el enlace de acceso— como una “imprudencia de comunicación” o un error involuntario por no haber verificado el trasfondo del activo.

Sin embargo, el informe técnico elaborado por la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal echó por tierra esa coartada. Los peritos analizaron la cadena de bloques (blockchain) y los servidores del contrato inteligente, demostrando que nadie en el mercado virtual poseía ni había ejecutado el código de activación previo a la publicación presidencial. Para los abogados que representan a los damnificados, esto constituye la prueba del “nexo causal”: el posteo no fue una simple opinión, sino la acción coordinada e indispensable que abrió la compuerta del sistema para que se ejecutara la millonaria recaudación.

A esto se suma un dato que los investigadores siguen con lupa: los estrechos vínculos previos de los empresarios que idearon el token (entre ellos, nombres que figuran con reiterados ingresos privados a la Casa Rosada) con el propio mandatario y su hermana, Karina Milei, en épocas donde compartían conferencias y estrategias financieras en el ámbito privado.

El llamativo silencio y la pista norteamericana

El expediente judicial resalta además el comportamiento posterior de la Casa Rosada. Tras desatarse el desplome del valor de la criptomoneda y concretarse la estafa, el Presidente se limitó a borrar la publicación en su cuenta de “X”. A la fecha, no existe ninguna declaración pública de repudio ni presentaciones judiciales por parte del Estado argentino contra los desarrolladores que utilizaron la investidura presidencial para perpetrar el fraude.

Mientras el entramado de medios tradicionales locales mantiene una extrema cautela en la cobertura del caso, el escándalo ya cruzó el Atlántico. Agencias internacionales confirmaron que la justicia estadounidense ya detectó movimientos sospechosos por un valor cercano a los 9 millones de dólares en billeteras virtuales asociadas a la operatoria, lo que motivó un pedido urgente de congelamiento de activos.

Con el peritaje informático sobre la mesa, la querella formalizó el pedido de indagatoria para los principales involucrados bajo las figuras de asociación ilícita y estafa. La investigación del “Código Libra” deja de ser una disputa de narrativas políticas en redes sociales para convertirse en un severo proceso penal que amenaza con perforar el núcleo de confianza del Gobierno.

Servicio informativo IN-F