Los fiscales Fabbro y Caterina ubicaron al senador Armando Traferri como jefe de una asociación ilícita. La investigación salpica a un ex piloto de Fórmula 1, ex legisladores y abogados, revelando cómo se utilizaron subsidios públicos de la Cámara Alta para financiar impunidades y desviar investigaciones.

Redacción Diario In-formados

Senador provincial de Santa Fe, Armando Traferri.

La estructura del poder político, judicial y corporativo de la provincia de Santa Fe volvió a crujir con fuerza tras una extensa audiencia imputativa ante los jueces Paula Álvarez, Alejandro Negroni y Eleonora Verón. Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Marisol Fabbro y José Luis Caterina, ampliaron formalmente las acusaciones en la megacausa del juego clandestino, arrojando luz sobre un sofisticado engranaje de protección e interposición de personas diseñado para garantizar la impunidad del capitalista Leonardo Peiti.

En el centro de la escena, la fiscalía ratificó una hipótesis que sacude los cimientos de la gobernabilidad santafesina de las últimas dos décadas: ubicó al senador departamental Armando Traferri en el rol de jefe de esta asociación ilícita. Sin embargo, la novedad radica en la ramificación de los eslabones que hacían funcionar el sistema, involucrando desde profesionales del derecho hasta figuras del deporte y la legislatura.

Las “pantallas” del dinero: De las pistas al lavado de activos

La acusación avanzó decididamente sobre la estructura financiera que permitía blanquear los dividendos de una red que llegó a coordinar más de 200 minicasinos y plataformas ilegales en todo el territorio provincial. Según los fiscales, el empresario y ex piloto de Fórmula 1, Oscar “Popi” Larrauri, junto al abogado José Francisco Fernández Chemes, actuaron como “prestanombres” en una maniobra de simulación patrimonial.

En septiembre de 2020, bajo el presunto impulso de Traferri, Peiti transfirió de manera apócrifa el paquete accionario de la firma Southgame SRL (55% para Fernández Chemes y 45% para Larrauri) por una transacción ficticia de 200.000 dólares. Para los investigadores, esta firma era utilizada como un instrumento de doble vía: explotar un negocio de azar legal y, en paralelo, canalizar e introducir los fondos de origen ilícito en el circuito formal.

El agujero negro de los subsidios legislativos y la “pata Casilda”

Uno de los flancos más sensibles y novedosos de la imputación revela cómo la organización criminal habría utilizado recursos del propio Estado santafesino para beneficio privado. El abogado Fernando Moschini fue imputado por peculado de caudales públicos, acusado de ser el nexo para desviar subsidios que Traferri manejaba de forma discrecional en el Senado.

El circuito expuesto por la fiscalía detalla que Moschini gestionó ante una médica psiquiatra de la ciudad de Casilda un dictamen clínico para lograr la internación de Leonardo Peiti en una clínica residencial de Rosario, evitando así que permaneciera en prisión preventiva (y mitigando el riesgo de que continuara declarando como arrepentido).

La contraprestación a este favor se habría ejecutado mediante correos electrónicos dirigidos a la secretaría privada de Traferri, donde se ordenó el otorgamiento de subsidios estatales simulados como “ayuda social” a una asociación civil casildense llamada “Palabra Mayor”, dedicada al cuidado de adultos mayores.

El uso de los subsidios de los senadores departamentales vuelve a quedar bajo la lupa como una caja política sin controles auditorías reales, capaz de financiar favores judiciales con el dinero de los contribuyentes.

El reemplazo de los recaudadores y el factor Scattaglini

La fiscalía reconstruyó la línea histórica de la organización. Determinó que el histórico secretario legislativo del Senado entre 2009 y 2019, Ricardo Paulichenco (fallecido), era el recaudador clave que articulaba de manera directa con Peiti bajo la consigna explícita de “traeme plata”.

Tras el deceso de Paulichenco, el rol de “brazo político fundamental” y canalizador de las órdenes de Traferri dentro de la Cámara de Diputados habría sido asumido por el ex legislador del PJ, Darío Scattaglini, demostrando la resiliencia y capacidad de adaptación de la estructura criminal a pesar de las bajas o los fallecimientos de sus miembros.

Una justicia en crisis de credibilidad

El impacto de esta ampliación de imputaciones no solo golpea al Palacio de Leyes, sino que arrastra de forma directa al Poder Judicial. Con el ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad ya condenados por recibir coimas para brindar cobertura, el foco se posa ahora sobre las redes de relaciones cruzadas en los tribunales de Rosario.

El fiscal Caterina reavivó la tensión institucional al plantear una recusación contra el camarista penal Javier Beltramone —quien debe revisar precisamente la condena de Serjal— argumentando un vínculo estrecho de amistad entre el magistrado y el recientemente imputado abogado Moschini. Aunque Beltramone rechazó de plano la recusación asegurando su imparcialidad, el entramado de sospechas debilita la confianza pública en los resortes de control penal de la provincia.

Mientras la política santafesina asiste a un nuevo cimbronazo institucional, la causa penal avanza exponiendo que el juego clandestino en Santa Fe nunca fue un delito menor de quinielas barriales, sino una multimillonaria corporación delictiva con terminales en los despachos más encumbrados de la provincia.

Servicio informativo IN-F