Existe una verdad matemática e incómoda en la administración pública argentina: el Estado no está quebrado por falta de recursos o por exceso de derechos; está desfinanciado por un diseño sistémico de saqueo. Mientras los sucesivos gobiernos se turnan para declarar la “emergencia previsional” y argumentar con frialdad contable que “los números no cierran” para garantizar un haber digno a nuestros jubilados, por las cañerías traseras del poder se drena una masa de dinero colosal que financia vidas de lujos inexplicables. Es la matriz del retorno, el verdadero motor de la decadencia estructural.

Por la Redacción de Diario In-formados

Imagen creada con IA

El colapso del sistema de reparto —donde hoy apenas contamos con un promedio de 1,5 trabajadores formales aportando por cada pasivo, lejos del ratio ideal de 4 a 1— no es un accidente demográfico impredecible. Es la consecuencia directa de un modelo que ahoga la creación de empleo en blanco mediante una presión fiscal asfixiante. Pero lo más grave es el destino de esa recaudación. Esas grandes masas de dinero que el ciudadano de a pie entrega con esfuerzo impositivo jamás regresan al fondo común para apuntalar las cajas previsionales. Se destinan a alimentar un engranaje perfectamente aceitado de cartelización y corrupción.

El mecanismo de la sobrefacturación

Cualquiera que analice las contrataciones del Estado conoce el modus operandi: se orquesta un sistema de proveedores amigos donde la obra pública, la compra de insumos hospitalarios o la provisión de alimentos para sectores vulnerables se licitan con sobreprecios escandalosos. Se factura el doble, el triple o el cuádruple del valor real de mercado.

Ese excedente millonario pagado por el Tesoro no responde a costos de logística ni a la inflación; es el margen destinado a pagar los retornos a los funcionarios que convalidan la estafa. Las coimas, elegantemente disfrazadas de asesorías, contrataciones cruzadas o retornos en efectivo, terminan costeando un estándar de vida que ningún salario público podría justificar jamás.

La impunidad de la “Emergencia”

La mayor perversión de este esquema radica en el cinismo discursivo de la corporación política. Los mismos actores que firman los pliegos sobrefacturados son los que luego se sientan frente a las cámaras de televisión a explicar que el sistema jubilatorio es “insustentable”. Para los ideólogos de la caja única, la variable de ajuste siempre es el eslabón más débil y silencioso: el jubilado que trabajó toda su vida y que hoy es empujado a la miseria o a la dependencia de la ayuda familiar.

Para el poder, la “emergencia” no es una crisis a resolver, sino una cobertura legal idónea. Les permite evadir controles licitatorios bajo el argumento de la urgencia y, al mismo tiempo, justificar el pisado de salarios y haberes previsionales. En esta lógica de capitalismo de amigos, las ganancias del negocio con el Estado se privatizan en los bolsillos de la casta y sus socios corporativos, mientras que las pérdidas se socializan licuando el poder de compra de la población pasiva.

Quienes sostenemos que la integridad profesional nos obliga a dudar de los relatos oficiales para desenterrar las verdades incómodas, no podemos mirar hacia otro lado. El problema previsional argentino no es un dilema de planillas de Excel; es una cuestión de decencia moral. Modificar la masa salarial y salvar el futuro de nuestros mayores exige, antes que nada, dejar de financiar la fiesta de los intermediarios del Estado. La dignidad de los abuelos no puede seguir siendo el precio a pagar por el enriquecimiento de unos pocos.

Los empresarios que acostumbran moverse en estos tan aceitados mecanismos de corrupción, donde se aseguran el triunfo de las licitaciones con el Estado, no son inocentes en este esquema y no son víctimas de extorción alguna. Al fin y al cabo, el dinero con el que pagan sus coimas provienen del mismo cajón del Estado, donde se guarda el dinero de los impuestos pagados por los contribuyentes.

Servicio informativo IN-F