El relato de la pureza moral y el combate contra los privilegios de la política acaba de chocar de frente contra su propia realidad. La revelación de que Betina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, se acogió formalmente a los beneficios de la polémica Ley de “Inocencia Fiscal” (27.799), expone los alarmantes agujeros negros de un sistema diseñado para que los poderosos limpien sus papeles sin tener que dar explicaciones a la sociedad.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

¿Los une el amor o la complicidad?

El escándalo escaló de inmediato en los pasillos del Congreso. El diputado nacional santafesino Esteban Paulón (Bloque Socialista) presentó de urgencia un proyecto de ley para ponerle un freno a lo que denominó “la avivada de los Adorni”. La iniciativa busca prohibir de forma taxativa que los funcionarios públicos de los tres poderes y sus familiares directos puedan ingresar a este régimen de regularización, estableciendo un cepo que rija incluso hasta dos años antes de asumir la función pública, para garantizar una verdadera trazabilidad de sus patrimonios.

Coartada legal: Si Al Capone hubiera sido libertario…

El núcleo del problema radica en el perverso mecanismo que habilita la Inocencia Fiscal. Bajo esta normativa, impulsada y celebrada por el propio oficialismo, quien adhiere puede declarar sus ingresos de manera simplificada, obteniendo lo que técnicamente se conoce como un “tapón fiscal”. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la Agencia de Recaudación (ARCA) queda legalmente impedida de fiscalizar e investigar el origen de los bienes, el consumo o los movimientos previos del contribuyente.

La maniobra cierra a la perfección de cara a los estrados judiciales. En los próximos días, Manuel Adorni —quien arrastra una investigación por presunto enriquecimiento ilícito debido a inconsistencias en sus gastos con tarjeta, viajes y refacciones inmobiliarias— deberá presentarse a declarar. El libreto ya está escrito: el jefe de Gabinete podrá alegar que el dinero gastado a manos llenas proviene de las arcas de su esposa. Y cuando la Justicia intente indagar a la mujer sobre el origen de semejante fortuna, ella no estará obligada a contestar. El régimen de “Inocencia Fiscal” la protege con el secreto impositivo y la amnistía de sanciones penales.

Llevando este razonamiento a su extremo lógico, nos encontramos ante un peligro institucional de dimensiones incalculables. Si la ley no discrimina ni excluye con rigurosidad a los familiares de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), cualquier lavador de dinero, testaferro o gran evasor de la economía informal podría estructurar un esquema de impunidad perfecta. Es un sistema de blanqueo institucional que envidiaría el mismísimo Al Capone: la legalización de la opacidad patrimonial con el sello del Estado.

El símbolo de la nueva casta

Resulta una paradoja cínica que la administración que llegó prometiendo dinamitar los privilegios de la política termine construyendo un andamiaje legal a la medida de las necesidades de sus propios hombres de confianza. El “amigo” del Presidente y de la Secretaría General de la Presidencia, junto a su esposa, se encamina a transformarse en el símbolo definitivo de las contradicciones éticas de esta gestión.

Mientras a los trabajadores de a pie se les exige asfixia fiscal y se los somete a la intemperie económica, las altas esferas del poder se reservan atajos de “inocencia” automatizada. El proyecto de ley presentado por la oposición para excluir a los funcionarios no es un mero debate técnico sobre impuestos; es una barrera de defensa republicana elemental. Si el régimen de Inocencia Fiscal sigue funcionando como un escudo protector para los patrimonios del funcionariado, el Gobierno habrá convalidado que la tan mentada lucha contra la corrupción no era más que una bandera de campaña, arriada rápidamente en el primer despacho oficial.

Servicio informativo IN-F