En el ADN de nuestro periodismo hay una premisa innegable: para llegar a alguna verdad, primero hay que dudar de las explicaciones fáciles. Y si hay un terreno donde la duda es una obligación moral, es en la letra chica de las leyes.

Por Redacción IN-FORMADOS

Javier Milei y Peter Thiel

El gobierno actual ha hecho de la “desregulación total” su bandera sagrada. El mercado debe ser libre, el Estado debe correrse y las trabas burocráticas deben desaparecer. Sin embargo, en una pirueta ideológica digna de análisis, hay un tema específico que el oficialismo ahora corre de urgencia a regular de manera estricta: el lobby y la actividad de las organizaciones de la sociedad civil.

La justificación oficial suena impecable en los papeles: “proteger la soberanía nacional” e impedir que fondos o intereses extranjeros financien agendas locales que tuerzan las leyes argentinas. Pero cuando miramos el tablero completo, la máxima barrial vuelve a imponerse: “Ni muy muy, ni tan tan”. Detrás del escudo de la soberanía, se esconde una red fina para pescar mojarritas y un agujero del tamaño de un transatlántico para que pasen los tiburones.

La red fina: ¿Disidencia bajo sospecha?

Si la futura Ley de Lobby se redacta con la ambigüedad que se sospecha, el impacto no caerá sobre las grandes corporaciones, sino sobre el tejido civil organizado. ¿Qué pasará con las organizaciones de Derechos Humanos que históricamente financian sus archivos y defensas legales con subsidios de fundaciones internacionales? ¿Qué pasará con las ONG ambientales que reciben aportes extranjeros para impulsar leyes de protección de humedales o bosques nativos?

Bajo este nuevo criterio, cualquier ciudadano o grupo que busque apoyo afuera para defender un derecho adentro podría ser etiquetado como un “agente extranjero” bajo sospecha de conspiración. El riesgo es evidente: usar la burocracia, las auditorías constantes y la asfixia administrativa no para transparentar el cabildeo, sino para neutralizar y criminalizar la disidencia social.

La doble vara: El “ejército” invisible y las alfombras rojas

La contradicción se vuelve flagrante cuando se observa hacia dónde no mira el Estado. Mientras se busca regular con lupa si una ONG ecologista recibió unos miles de dólares para imprimir folletos, el debate público local ha sido colonizado por ejércitos de trolls en redes sociales.

Estas estructuras operan en la más absoluta opacidad financiera. Nadie sabe quién paga las granjas de cuentas automatizadas que atacan a opositores y periodistas, ni de dónde salen los recursos para que esos mismos actores hoy dirijan canales de streaming con tecnología de punta y sueldos de mercado. Si la premisa es que el ciudadano debe saber “quién financia a quién”, la transparencia debería empezar por casa.

Pero el golpe de gracia al argumento de la “soberanía” tiene nombre y apellido: Peter Thiel.

El dato: Peter Thiel, magnate tecnológico con una fortuna que ronda los 30.000 millones de dólares y financista clave del ala dura republicana en EE. UU., tiene entrada prácticamente directa a la Casa Rosada. Su empresa, Palantir Technologies, es un gigante de la minería de datos que trabaja directamente con la CIA y los servicios de inteligencia de Washington.

Que un multimillonario extranjero con una agenda política y geopolítica global clarísima entre sin intermediarios al despacho presidencial a discutir la infraestructura digital y de seguridad de la Argentina, mientras se persigue a una ONG local por recibir un subsidio verde, desnuda el verdadero criterio del poder: el problema no es el origen extranjero del dinero, sino la ideología del que lo aporta.

Que el juego sea con cartas vistas

Regular el lobby para que los ciudadanos sepamos qué intereses económicos se mueven detrás de cada ley no está mal; al contrario, es un síntoma de salud democrática. El peligro real ocurre cuando la regulación es unidireccional: un torniquete para el lobby civil y una alfombra roja para el lobby corporativo de frontera.

La advertencia para el ciudadano —y para el potencial inversor en este nuevo modelo de país— es clara. Las reglas del juego se están reescribiendo. El riesgo no es que existan intereses cruzados en el poder, porque eso existió siempre. El verdadero peligro es que nos vendan un discurso de soberanía selectiva, donde el ciudadano común termine jugando a ciegas en un casino diseñado a la medida de unos pocos titanes globales.

Servicio informativo IN-F