El escenario político y judicial argentino se ha visto sacudido tras la presentación del último informe de gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso de la Nación. En un extenso anexo de datos, la Casa Rosada expuso un listado de más de 3.800 consumos realizados con tarjetas de crédito corporativas pertenecientes a la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), por un monto que supera los 440 millones de pesos en el último año.

Redacción In-formados

Imagen tomada de la web

Los gastos, efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, coinciden temporalmente con la presidencia de Demian Reidel, quien se desvinculó de la compañía el pasado mes de febrero en medio de otras controversias por contrataciones de servicios. Lo que ha generado indignación pública no es solo la cuantía, sino la naturaleza de los consumos: el informe detalla pagos en discotecas de Madrid, boutiques en Brasil, jugueterías, peluquerías y hasta compras menores en verdulerías y parrillas del conurbano bonaerense.

Ante la explosión mediática, Reidel utilizó sus redes sociales para ejercer su defensa. El exfuncionario sostiene que el informe oficial incurre en una “mala fe absoluta” al no discriminar los gastos. Según su versión, los consumos de las 103 tarjetas de la empresa (repartidas entre directivos y técnicos) han sido consolidados maliciosamente para que parezcan responsabilidad de la presidencia, asegurando que sus gastos personales con fondos públicos son inexistentes.

Sin embargo, la situación ya ha trascendido el debate en redes sociales. El lunes 4 de mayo, se radicó una denuncia formal, efectuada por el diputado Esteban Paulón, en los tribunales de Comodoro Py por presunta malversación de caudales públicos. Al mismo tiempo, el Gobierno anunció la baja definitiva de todo el sistema de tarjetas corporativas en NA-SA, argumentando que se trata de un privilegio que no se condice con el actual contexto de ajuste.

Las preguntas que deberíamos hacernos

Ante la exposición de estos datos y las versiones contrapuestas, surge la necesidad de analizar el hecho más allá de la superficie discursiva. Resulta pertinente preguntarse si la inclusión de estos gastos en un informe oficial responde genuinamente a una voluntad de transparencia o si constituye una maniobra de control de daños ante una inminente filtración. Cabe reflexionar sobre por qué los mecanismos de control interno de una empresa de importancia estratégica como Nucleoeléctrica permitieron que este flujo de gastos se mantuviera activo durante un año bajo la actual administración, y si la salida de los funcionarios involucrados meses antes de la difusión del escándalo fue una coincidencia o una previsión política.

Nota del Editor de In-formados: Esta nueva información, que podría ser anecdótica, pero definitivamente no lo es, teniendo en cuenta que hace pocos días, nuestro medio se hizo eco de una noticia muy relevante sobre la escandalosa y peligrosa falta de mantenimiento por supuestos ajustes financieros en una fábrica de combustible para el funcionamiento de plantas de energía nuclear. Y entonces, obligadamente, surge la pregunta de por qué un descontrolado despilfarro, por un lado y por el otro, un casi catastrófico ajuste.

Si el gobierno estuviera haciendo lo que pretende que la gente crea que hace, ¿no habría, el 9 de febrero, mismo momento que le piden la renuncia a Reidel de la empresa, blanqueado lo que venia pasando con las tarjetas corporativas y no, hacerlo subrepticiamente cuando quien está “en la cresta de la ola de desconfianza” es Manuel Adorni… ¿Y por qué le pedirían la renuncia y no echarlo directamente? La verdad, tiene más apariencia de distracción que de transparencia.

Asimismo, es razonable plantearse si la falta de discriminación de los gastos en el informe de la Jefatura de Gabinete es una omisión técnica o una decisión deliberada para diluir responsabilidades específicas, conduciendo de esa manera a dejar caer toda la responsabilidad a alguien cuya utilidad se ha tornado prescindible (leña del árbol caído). Finalmente, el lector podría indagar si el énfasis en el escándalo de las tarjetas funciona como una herramienta para justificar ante la opinión pública medidas de mayor impacto estructural sobre las empresas del Estado, y qué grado de certeza existe de que la eliminación de un instrumento financiero baste para erradicar vicios administrativos arraigados en las estructuras de poder.