La Paz / El Alto — Bolivia atraviesa una compleja crisis política, económica y social que mantiene parcialmente paralizado al país. Tras más de dos semanas de movilizaciones consecutivas, se registran decenas de puntos de bloqueo en las principales carreteras, concentrándose el mayor foco de conflicto en los accesos a las ciudades de La Paz y El Alto. Las protestas, lideradas por diversas organizaciones sindicales, campesinas y mineras, exigen respuestas a la crisis económica y, en sus facciones más radicalizadas, la dimisión del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en noviembre de 2025.

Fotografía del 14 de mayo de 2026 de un grupo de mineros enfrentándose con la Policía durante una marcha, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

El origen y la composición de las demandas

Las movilizaciones comenzaron impulsadas por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos de mineros artesanales, maestros públicos y organizaciones campesinas como los denominados “Ponchos Rojos”. Inicialmente, los reclamos se centraron en demandas sectoriales y económicas:

• Combustible e inflación: Denuncias por la escasez y la calidad de la gasolina y el diésel, sumadas a la pérdida del poder adquisitivo ante una inflación anualizada que rozó el 20% en ciertos rubros el año pasado.
• Explotación y normativas: Los gremios mineros exigen la derogación de regulaciones recientes (como la Ley 1720) y la liberación de nuevas áreas para la explotación de minerales.
• Aumentos salariales: Exigencias de mejoras en los haberes de los sectores educativo y de salud para mitigar el incremento de precios.

Impacto logístico y ayuda humanitaria

De acuerdo con los últimos reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), persisten más de una veintena de bloqueos activos, concentrándose 18 de ellos en el departamento de La Paz. Esta situación interrumpió el transporte de carga, aislando los centros de producción agrícola e industrial del occidente del país.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estima que las pérdidas económicas generales superan los 500 millones de dólares, afectando severamente al agro, la industria y el turismo.

A nivel humanitario, el desabastecimiento golpea con fuerza a la sede de gobierno. Los mercados presentan falta de alimentos básicos (como carne vacuna y aviar) y los centros médicos reportaron un desabastecimiento crítico de oxígeno medicinal e insumos farmacéuticos. Ante este escenario, el Ejecutivo boliviano organizó puentes aéreos nacionales y recibió asistencia humanitaria internacional, destacando el envío de dos aviones militares Hércules por parte del gobierno de Argentina para trasladar suministros esenciales.

Las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de tres personas debido a la imposibilidad de que las ambulancias y el auxilio médico pudieran transitar de manera oportuna a través de los piquetes viales.

El plano político y las posturas en disputa

La tensión social derivó en una abierta confrontación de carácter político respecto a los objetivos de la protesta:

• La postura del Gobierno nacional: El presidente Rodrigo Paz argumenta que la situación económica actual es consecuencia de una herencia financiera de “Estado quebrado”, con reservas internacionales exhaustas tras dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). Asimismo, el Poder Ejecutivo y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denuncian que detrás de las protestas existe un “movimiento subversivo” que busca desestabilizar la democracia y forzar la interrupción del mandato constitucional. El oficialismo vincula directamente estas acciones con sectores afines al expresidente Evo Morales.
• La postura del sector “evista”: Desde su bastión en el Chapare, el expresidente Evo Morales rechaza las acusaciones de conspiración y sostiene que las movilizaciones constituyen una “sublevación legítima” del pueblo ante la falta de respuestas estructurales a la crisis de alimentos y combustibles. No obstante, analistas locales señalan que las protestas coincidieron con la reactivación de órdenes judiciales de captura contra Morales en el marco de una investigación penal por presunto abuso de menores, lo que genera acusaciones cruzadas sobre el uso de los bloqueos como un mecanismo de resguardo político.

Despliegue de seguridad y estado de situación

Durante las últimas horas, el Ministerio de Gobierno coordinó operativos conjuntos entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para intentar liberar rutas estratégicas, como la vía hacia Oruro y la avenida Juan Pablo II en El Alto.

Aunque las fuerzas del orden lograron reabrir temporalmente algunos tramos para permitir el ingreso de cisternas de combustible y oxígeno médico, los manifestantes reinstalaron los cercos viales tras el retiro de las tropas, dejando bajo arresto a más de medio centenar de personas por disturbios y posesión de artefactos explosivos de fabricación casera. El Poder Ejecutivo mantiene convocatorias al diálogo con las dirigencias sindicales orgánicas, mientras advierte que aplicará la ley penal a quienes mantengan la interrupción de los servicios y rutas del país.