En el ecosistema discursivo del presidente Javier Milei, las acusaciones de máxima gravedad suelen lanzarse con una ligereza alarmante. Semanas atrás, al referirse al fenómeno demográfico de la baja de natalidad en el país, el mandatario apuntó directamente contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y, en el mismo movimiento, catalogó públicamente de “asesina” a la periodista Débora Plager por haber defendido en su momento el derecho a dicha prestación de salud. Para la retórica oficial, la causalidad es lineal, dogmática y prescinde de cualquier matiz socioeconómico: una ley genera muertes y quienes la respaldan cargan con la responsabilidad moral y penal de ese resultado.

Milei cargó contra Débora Plager por la “Ley de interrupción voluntaria del embarazo”

Sin embargo, si el periodismo decide tomar la premisa presidencial de la “causalidad directa entre decisiones políticas y mortalidad” y aplicarla con rigor metodológico al propio diseño del programa económico de la gestión actual, el espejo devuelve una imagen sumamente incómoda para el Poder Ejecutivo.

Si desglosar leyes y opiniones ajenas habilita a imputar responsabilidades sobre la vida y la muerte, cabe preguntarse: ¿qué ocurre cuando las medidas de un gobierno impactan de forma directa en las Estadísticas Vitales de la Nación?

La analogía de la responsabilidad: El dato mata al relato

A diferencia de las conjeturas ideológicas, los datos epidemiológicos del propio Ministerio de Salud de la Nación y las auditorías de la seguridad social permiten trazar un panorama concreto sobre el segmento más vulnerable de la pirámide demográfica: los adultos mayores.

Según el último Anuario de Estadísticas Vitales, durante el primer año pleno de la actual gestión económica, la Argentina registró un incremento del 9,5% en el exceso de mortalidad de personas mayores de 65 años en comparación con el período anterior. Traducido en vidas humanas, significó que 21.276 ancianos más perdieron la vida en un año donde no se registraron pandemias, catástrofes naturales ni anomalías climáticas que justificaran estadísticamente semejante quiebre de la tendencia histórica.

En paralelo, los informes técnicos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de diversas federaciones farmacéuticas revelaron que, producto de la devaluación, la desregulación total de precios de los laboratorios y el recorte de la cobertura total de medicamentos esenciales por parte del PAMI, la dispensa de fármacos a jubilados cayó un 26%. Medicamentos destinados a controlar afecciones crónicas como la hipertensión, la diabetes o patologías cardiovasculares pasaron a ser un objeto de lujo inaccesible para miles de beneficiarios cuyos haberes mínimos quedaron licuados frente a la inflación.

Previsibilidad y exprofeso: La ausencia de contingencias

Para el análisis jurídico y de políticas públicas, un resultado es imputable cuando el daño era previsible y evitable. Cualquier cuadro técnico de la administración pública sabe de antemano que si se retira la gratuidad de los remedios, se eliminan los subsidios al transporte que permiten asistir a los turnos médicos y se congelan los ingresos de la seguridad social, el consumo de salud cae de manera inmediata.

El plan de “déficit cero” y el ordenamiento macroeconómico se ejecutaron de exprofeso, de forma deliberada y sistemática, priorizando las metas financieras por sobre los indicadores de salud pública. Ante la evidencia del impacto que estas medidas tendrían en la población de la tercera edad, la gestión resolvió avanzar sin estructurar un plan de contingencia sanitaria que protegiera a los pacientes con patologías crónicas.

Si aplicamos la misma lógica con la que el Presidente califica a sus opositores o a la prensa, la conclusión es inevitable: la quita de prestaciones y el ahogo financiero sobre los sectores más desprotegidos no fueron meros accidentes de un gráfico de Excel; fueron decisiones políticas conscientes cuyo impacto en el aumento de muertes previsibles ya está documentado por el propio Estado.

El imperativo de un debate serio

El periodismo profesional tiene la obligación de elevar el debate público por encima de la mediocridad de los insultos de redes sociales. Calificar a una profesional de la comunicación de “asesina” por su postura sobre una ley civil no es solo una agresión institucional; es una cortina de humo que desvía la atención de las verdaderas responsabilidades gubernamentales.

Cuando el Estado ejerce el poder de recortar el acceso a la salud, está firmando decretos que impactan en la sobrevida de su población. Los números oficiales están disponibles y exigen una explicación metodológica, no un eslogan político. La protección de los sujetos de derecho más vulnerables de la sociedad es un mandato constitucional insoslayable. El oficialismo debe responder ante las estadísticas de su propia gestión, porque en la balanza de la historia, las planillas fiscales difícilmente puedan compensar el peso de las vidas que se pudieron haber evitado perder.

Servicio informativo IN-F