La principal autopista fluvial del país, por donde sale más del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, está a un paso de ser adjudicada por los próximos 25 o 35 años. El Gobierno nacional avanza a paso firme, celebrando el proceso como un hito de transparencia y eficiencia privada. Sin embargo, detrás de los discursos encendidos y las promesas de rebajas logísticas, se esconde un pliego de bases y condiciones redactado con una precisión quirúrgica que despierta las peores sospechas de direccionamiento.

Por Santiago Martínez
Director Editorial | Diario IN-FORMADOS

La Hidrovía Paraná-Paraguay es el eje de conexión fluvial de mayor extensión de Sudamérica

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —la fiscalía anticorrupción— ya emitió un dictamen durísimo advirtiendo sobre “serias y evidentes irregularidades” que arrastra el proceso. No se trata de errores burocráticos; son engranajes legales diseñados para que el gran negocio se lo quede el operador de siempre, blindándolo incluso ante la propia Justicia.

A continuación, desarmamos las cuatro trampas clave que amenazan la transparencia del Paraná.

1. La “puerta trasera” de los 7 años

El pliego exige requisitos titánicos de solvencia y antecedentes técnicos para poder presentarse a la licitación (el denominado “Sobre 1”), lo que redujo el universo de competidores reales a solo dos firmas belgas. Sin embargo, el texto esconde una flexibilización insólita: transcurrido el 20% del plazo de la concesión (unos 7 años), el ganador puede cederle el control del contrato a un tercero.

La trampa: La letra chica exime al nuevo operador de cumplir estrictamente con el 100% de los rigurosos requisitos exigidos al inicio. Esto viola el principio de igualdad y permite un escenario de manual: que una multinacional que quedó excluida (o autoexcluida) originalmente por razones geopolíticas o falta de antecedentes, ingrese “por la ventana” unos años después mediante un acuerdo privado.

2. El “seguro de impunidad” por corrupción

El derecho civil contempla el principio de “enriquecimiento sin causa” para evitar que el Estado se quede gratis con la obra de un privado si un contrato se cae. El problema es cómo se deformó este concepto en el pliego de la Hidrovía para convertirlo en un escudo financiero corporativo.

Si la Justicia Federal demuestra en unos años que la empresa ganó la licitación pagando coimas a los funcionarios y declara la nulidad absoluta del contrato, el pliego actual le permite a la empresa exigirle al Estado una indemnización multimillonaria argumentando que “el río quedó navegable gracias a sus dragas”. Al garantizarles que recuperarán los costos operativos aunque cometan un delito, el pliego desarticula el efecto disuasorio de las cláusulas anticorrupción. Es un negocio de ganar o ganar.

Imagen: webpicking.com (Paraguay).

3. El misterio de la “deuda fantasma” como barrera de entrada

La Hidrovía es un negocio hiperrentable en dólares que cobra peajes constantemente. Sin embargo, la Administración General de Puertos (AGP) acumuló una opaca deuda de entre 80 y 90 millones de dólares con el contratista actual y Dragador histórico, Jan De Nul (Compañía Sud Americana de Dragados). Mientras la plata de los peajes “no aparece” y la justicia investiga un presunto vaciamiento contable, el pliego utilizó esa deuda como un filtro perfecto.

La cláusula de la deuda	El impacto en la competencia
El pliego obligaba al nuevo consorcio que ganara a pagar esos 90 millones de dólares en efectivo y de su bolsillo a Jan De Nul al momento de asumir, para luego recuperarlo cobrando un recargo a los barcos.	Para cualquier competidor extranjero, la licitación implicaba arrancar el negocio financiando a su principal rival. Para Jan De Nul, la cláusula era inocua porque compensaba internamente sus propios créditos. Una barrera económica perfecta.

4. El “empate matemático” y la pluma en las sombras

Esta semana se abrieron los sobres económicos y se constató un hecho llamativo: los dos consorcios finalistas (Jan De Nul y DEME) presentaron exactamente la misma tarifa de 3,80 dólares por tonelada. Esto ocurrió porque el pliego fijó un piso mínimo de bandas tarifarias, forzando un empate técnico.

Al haber igualdad económica, la definición vuelve al terreno de la evaluación técnica, donde Jan De Nul corre con la ventaja absoluta de llevar décadas operando el terreno. Las sospechas de que los pliegos fueron redactados “llave en mano” por los asesores de la propia empresa y las grandes terminales agroexportadoras se sustentan en que el Estado copió y pegó los mapas, estudios de factibilidad y sugerencias legales provistas por el mismo actor que debía ser controlado.

La paradoja de la “Ficha Limpia”

Para que exista un funcionario corrupto, se necesita obligatoriamente del otro lado del mostrador a una corporación dispuesta a prestar su estructura contable y legal. En términos jurídicos, no hay estafa al Estado sin un partícipe necesario en el sector privado.

Una licitación transparente debería exigir una “Ficha Limpia Corporativa” que inhabilite de inmediato a cualquier firma con antecedentes de opacidad o acuerdos de culpabilidad por sobornos (bajo la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria). Lejos de eso, el diseño actual prefirió omitir los antecedentes y asegurar las ganancias.

¿Quién firma el cheque en blanco?

La potestad suprema de seguir adelante e ignorar las alarmas rojas de la fiscalía anticorrupción la tiene el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Al acelerar los plazos para cerrar la adjudicación bajo la bandera de la urgencia logística, los funcionarios están tomando una decisión de altísimo riesgo.

Mientras el debate político se entretiene con discursos encendidos sobre el combate a la “casta” y los analistas buscan un “perejil” técnico a quien culpar por la deuda, las estructuras corporativas demuestran una plasticidad asombrosa: logran mantenerse invictas, impunes y con los dólares a resguardo en algún paraíso fiscal. La lapicera que hoy otorga el negocio puede convertirse, mañana, en la prueba principal de una defraudación millonaria al Estado y a los productores.

Servicio informativo IN-F