El escenario geopolítico en el Mar Argentino y la Patagonia ingresó en una fase de definiciones críticas. El alineamiento estratégico de la administración nacional con Washington, corporizado en los avances de la Base Naval Integrada en Ushuaia, ya muestra sus primeros correlatos operativos directos en el control de nuestros recursos y en la abierta competencia que la potencia norteamericana mantiene con China en la región.

El Mar Argentino y la milla 201 concentran una intensa actividad de flotas pesqueras extranjeras

El dato clave: Acuerdo por 5 años para patrullar el Mar Argentino

En las últimas horas, un giro fundamental vino a ratificar las sospechas de los analistas que advertían una creciente influencia de la agenda de seguridad de Washington en el Atlántico Sur. El contraalmirante Carlos Sardiello, de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, firmaron una Carta de Intención que sella una alianza estratégica por cinco años.

Este convenio prevé la llegada de equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y, fundamentalmente, dos aviones de patrullaje marítimo Textron B-360ER MPA destinados a la vigilancia de las aguas jurisdiccionales. Aunque desde los despachos oficiales enfatizan que el monitoreo se limitará estrictamente a las zonas bajo control argentino (excluyendo el área de disputa de Malvinas), la iniciativa encendió las alarmas en sectores de la oposición y centrales sindicales, quienes denuncian un riesgo implícito para la soberanía nacional y una virtual “tutela” estadounidense sobre el mar.

Las directivas bajo la lupa: ¿Señales con ADN de Washington?

Para responder si existen directivas o movimientos gubernamentales que reflejen el interés explícito de EE. UU. respecto a limitar la influencia de China, es necesario observar la reciente concatenación de hechos administrativos y de control:

• 1. El freno y auditoría a la infraestructura en el Sur: Tras las reiteradas advertencias del Comando Sur sobre el interés de Beijing por financiar infraestructura portuaria o logística en Tierra del Fuego (con la mira puesta en el acceso a la Antártida), el gobierno nacional congeló cualquier atisbo de avance civil o comercial chino en las terminales australes, concentrando toda la prioridad técnica y el financiamiento en el desarrollo conjunto con capitales norteamericanos de la base de Ushuaia.
• 2. La presión legislativa sobre la Base Espacial de Neuquén: Coincidiendo con un reciente informe del Congreso de Estados Unidos titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China” —el cual alerta que la antena de 35 metros de la base de Bajada del Agrio opera con tecnología de doble uso (civil-militar) útil para transferir datos a la red del Ejército chino—, la Casa Rosada y las autoridades provinciales han intensificado las demandas de transparencia, inspecciones físicas y revisiones de los mecanismos de supervisión sobre los acuerdos firmados originalmente con Beijing.
• 3. Ajuste de tuercas a la pesca en la Milla 201: Aunque el patrullaje combinado apunta formalmente a combatir la depredación de recursos de manera genérica, es un secreto a voces que el destinatario geopolítico de esta vigilancia es la numerosa flota pesquera subsidiada por el Estado chino que opera en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). El despliegue de tecnología de monitoreo provista por Estados Unidos busca blindar el límite marítimo, un objetivo que se complementa con el endurecimiento de los controles migratorios y regulatorios aplicados recientemente a buques extranjeros vinculados con empresas del gigante asiático.

El pulso geopolítico

Mientras el oficialismo defiende que estos acuerdos representan una modernización indispensable para las capacidades de la Armada Argentina y un resguardo efectivo contra la pesca ilegal, los sectores críticos alertan que el país está quedando atrapado en la lógica de la “guerra fría” del siglo XXI. El dilema de fondo sigue siendo el mismo: si el fortalecimiento operativo del control del Mar Argentino se logra a cambio de delegar la autonomía estratégica de las decisiones nacionales en territorio propio.

Servicio informativo IN-F