La agenda legislativa en el Congreso de la Nación avanza bajo una premisa innegable: desregular la economía, suprimir trabas burocráticas y simplificar las reglas comerciales para atraer inversiones. Sin embargo, cuando las reformas tocan áreas de prevención sanitaria y bienestar social, la frontera entre el fomento al capital y el lobby corporativo se vuelve difusa.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

Las iniciativas impulsadas por el oficialismo ingresaron en la Cámara de Diputados.

El ingreso de los nuevos proyectos sobre el marco regulatorio del juego online y la propuesta para modificar la Ley de Etiquetado Frontal exponen una profunda tensión doctrinaria: ¿puede el mercado autorregularse cuando lo que está en juego es la salud de la población?

El dilema del etiquetado: Entre el comercio regional y la soberanía sanitaria

Los sectores alineados con el oficialismo argumentan que la actual Ley de Etiquetado Frontal de alimentos (Ley 27.642) funciona en los hechos como una “barrera paraarancelaria” que aísla a la Argentina. El principal vector económico de este argumento es la armonización del Mercosur: mientras Brasil y Uruguay adoptaron esquemas de advertencia más laxos o basados en el diseño de lupas, el modelo argentino de rigurosos octógonos negros impone supuestos costos logísticos adicionales de reetiquetado a las empresas locales que desean exportar y a los productos que ingresan al país.

Según esta postura, el sistema actual asfixia la competitividad de las pequeñas y medianas industrias alimenticias. Bajo el prisma del libre mercado, el Estado no debería intervenir con “bloques negros” que penalicen visualmente un producto, sino permitir que las corporaciones compitan libremente informando los componentes en base a criterios consensuados en el bloque regional.

Sin embargo, detrás del ropaje de la integración comercial asoma una estrategia de manual corporativo. Flexibilizar el cálculo de los nutrientes para medir únicamente las grasas o azúcares añadidos en el proceso industrial, ignorando los componentes intrínsecos del alimento, desvirtúa la base científica de la ley.

Esta conducta evoca de manera inevitable a las viejas tácticas de la industria tabacalera a mediados del siglo pasado. Cuando la ciencia médica demostró de forma irrefutable el vínculo directo entre el cigarrillo y el cáncer, las grandes corporaciones del tabaco no negaron el problema de inmediato; en su lugar, financiaron sus propios comités de expertos, inventaron los cigarrillos con “filtro” o versiones “Light”, y mutaron su marketing para sembrar la duda regulatoria. El objetivo era seguir vendiendo bajo un ropaje de supuesta seguridad. Hoy, la resistencia de las multinacionales alimentarias a los sellos de advertencia sigue el mismo patrón: diluir el impacto visual para neutralizar la caída en las ventas de los productos ultraprocesados.

Juego online: La caja fiscal frente a la epidemia silenciosa

El debate sobre la ludopatía digital presenta un escenario similar. El proyecto de consenso que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a fines de 2024 apuntaba directo a la raíz de la adicción en los jóvenes: prohibía la publicidad en todas las plataformas y anulaba por completo los “bonos de bienvenida”, la herramienta más agresiva de las casas de apuestas para captar nuevos usuarios financieros.

Por el contrario, el proyecto alternativo enviado recientemente por el Poder Ejecutivo da un giro de 180 grados. El argumento técnico que esgrime el oficialismo es estrictamente recaudatorio y de control de mercado: sostienen que prohibir la publicidad o los bonos de las plataformas autorizadas no detiene las apuestas, sino que empuja a los usuarios hacia los sitios ilegales o clandestinos que operan fuera del dominio .bet.ar. Al permitir que las empresas con licencia ofrezcan incentivos, el Gobierno busca mantener el negocio dentro de los márgenes legales para garantizar una millonaria estructura impositiva que nutra las arcas estatales.

Al omitir deliberadamente la restricción de los bonos de bienvenida para los operadores legales, la iniciativa oficial prioriza la sustentabilidad financiera del sector y la libertad de comercio por encima de una crisis de salud mental que golpea con fuerza a los adolescentes. Se opta por regular el flujo del dinero en lugar de cortar el canal de captación de la adicción.

El cálculo que falta: El costo de enfermar a la población

El gran ausente en la argumentación del oficialismo y los sectores aliados es un cálculo económico serio y riguroso sobre el mediano y largo plazo. Defender la rentabilidad inmediata de las empresas omitiendo los perjuicios a la salud poblacional es, paradójicamente, un pésimo negocio fiscal para el Estado.

Cada adolescente arrastrado a la ludopatía financiera o cada ciudadano que desarrolla obesidad, diabetes o hipertensión por el consumo de ultraprocesados invisibilizados representa una futura carga económica astronómica para el sistema de salud pública. Los tratamientos crónicos, las licencias laborales por enfermedad y el colapso de los hospitales terminan costando miles de millones de dólares más que lo que cualquier tasa impositiva al juego o al azúcar pueda llegar a recaudar.

Cuando el Estado se planta: Ejemplos globales de soberanía sanitaria

La idea de que regular con firmeza destruye a las empresas o es una utopía impracticable choca de frente con la evidencia internacional. Existen antecedentes contundentes donde los Estados decidieron priorizar la salud de sus ciudadanos frente al lobby corporativo, demostrando que las economías no quiebran cuando se imponen límites éticos:

• El hito de Chile y los octógonos (2016): Cuando Chile implementó de forma pionera el sistema de octógonos negros, las multinacionales de la alimentación gastaron fortunas en campañas asegurando que la ley destruiría miles de puestos de trabajo y confundiría al consumidor. El gobierno chileno se mantuvo firme tras evaluar que los costos futuros para tratar la obesidad quebrarían el sistema sanitario. ¿Qué pasó? Las empresas no se fundieron; por el contrario, se vieron obligadas a reformular más de 1.500 productos para quitarles el exceso de sodio y azúcar y evitar llevar el sello. El mercado se adaptó a una población más sana.
• Reino Unido y el freno a las apuestas (2020-2024): El gobierno británico (bajo administraciones de tinte netamente pro-mercado) implementó regulaciones draconianas contra las casas de apuestas online ante la alarmante suba de suicidios y quiebras familiares por ludopatía. Prohibieron el uso de tarjetas de crédito para apostar online, fijaron topes muy bajos a las jugadas en tragamonedas virtuales y desterraron a los futbolistas e influencers de los anuncios publicitarios. La industria del juego continuó operando, pero bajo reglas que protegen activamente la salud mental de los jóvenes.
• Uruguay vs. Philip Morris (2016): En una de las batallas de lobby más feroces de la región, el Estado uruguayo implementó durísimas restricciones a las tabacaleras (prohibición de publicidad, advertencias en el 80% del paquete y eliminación de etiquetas engañosas como “Light”). La gigante multinacional Philip Morris demandó al país ante un tribunal del Banco Mundial (CIADI) exigiendo resarcimientos multimillonarios por afectar sus libertades comerciales. Tras años de litigio, Uruguay ganó la demanda, dejando asentado un precedente jurídico global: la salud pública y el derecho a la vida están jerárquicamente por encima de cualquier tratado comercial de inversiones.

Desregular no es desproteger la vida

Nadie pone en duda la urgencia de dotar a la Argentina de reglas claras, competitividad internacional y cuentas fiscales ordenadas. El error conceptual de la actual ola desreguladora radica en catalogar los derechos del consumidor y las políticas de prevención en salud como meros “costos de transacción” eliminables.

Si el Parlamento convalida que las exigencias de logística comercial o la eficiencia impositiva justifiquen licuar el etiquetado de alimentos o liberar los incentivos a las apuestas online, estará sentando un precedente gravísimo. Estará decretando que en la nueva arquitectura legal del país, la rentabilidad corporativa cotiza más alto que la salud de sus ciudadanos. La experiencia global demuestra que se puede ser económicamente viable protegiendo a la gente; la desregulación económica jamás debería equivaler a la desprotección de la vida.

Servicio informativo IN-F