El escándalo patrimonial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un capítulo de extrema gravedad institucional. Tras la confesión pública del funcionario sobre haber mantenido medio millón de dólares fuera del radar del fisco, un amplio abanico de bloques opositores en la Cámara de Diputados presentó formalmente un pedido de sesión especial para el próximo martes 23 de junio a las 14:00 horas. El objetivo es unánime: sentar al ministro coordinador en el recinto para exigirle explicaciones y activar el mecanismo constitucional de la moción de censura para impulsar su remoción.

La iniciativa, encabezada por el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez, logró aglutinar al Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, un sector mayoritario de Provincias Unidas y sumó las firmas clave de las diputadas Natalia de la Sota y Marcela Pagano. “Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el artículo 101 de la Constitución” y avanzar en la interpelación, señalaron desde la bancada peronista.

Aislamiento político y “fuego amigo”

El dato que verdaderamente enciende las alarmas en la Casa Rosada no es la previsible embestida de la oposición dura, sino la velocidad con la que el entorno político del propio Gobierno ha comenzado a tomar distancia del funcionario acorralado. La estrategia de Adorni de patear su informe de gestión en el Congreso para el mes de julio naufragó de inmediato ante la presión de propios y aliados:

• El PRO exige celeridad: El principal aliado legislativo del oficialismo emitió un duro comunicado exigiendo que el jefe de Gabinete no posponga sus explicaciones y se presente de manera inmediata ante el Parlamento este mismo mes de junio.
• La exigencia de Villarruel: En sintonía, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, notificó de forma fehaciente y formal al funcionario para que acuda al Senado sin más dilaciones en las próximas semanas.
• Distancia en La Libertad Avanza: El golpe de gracia interno llegó por el lado de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores oficialistas, quien desmarcó públicamente al espacio de la conducta privada del jefe de Gabinete y calificó la falta de declaración de sus activos como una “omisión ética grave”.

“El 23 de junio se sabrá quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes son los que prefieren ser socios de la impunidad”, disparó el diputado socialista Esteban Paulón, anticipando un debate que medirá el costo político que los bloques dialoguistas (como la UCR o el PRO) están dispuestos a pagar por sostener al ministro.

El frente judicial: ¿Se amplía la imputación?

Mientras el Congreso se hamaca políticamente, en los tribunales de Comodoro Py el panorama se oscurece. La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que timonean el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sumó un elemento determinante: la propia autoincriminación televisiva de Adorni sobre sus “ahorros en negro”.

Fuentes judiciales confirman que la Fiscalía evalúa seriamente ampliar la imputación al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos. La coartada del funcionario —quien aseguró haber cosechado una fortuna en Bitcoins entre 2014 y 2018— choca de frente con el archivo de sus propias intervenciones en redes y medios de aquellos años, donde desaconsejaba enfáticamente el uso de criptoactivos por considerarlos un riesgo volátil.

Con compras de propiedades en efectivo bajo la lupa, refacciones suntuosas en countries, viajes familiares en jets privados a Punta del Este y el reciente blanqueo forzado de u$s500.000, Adorni ha perdido su principal activo: el blindaje del silencio. El próximo 23 de junio, la política local vivirá una jornada clave donde la impunidad y la transparencia volverán a ponerse a votación en el tablero del Congreso.

Servicio informativo IN-F