La novela judicial en torno al colapso de la criptomoneda $LIBRA —aquélla que adquirió notoriedad fulminante tras ser difundida de manera oficial por el propio presidente de la Nación— ha sumado un capítulo que roza el cinismo ilustrado. Mauricio Novelli, el lobbista que funcionó como nexo entre los creadores del token y la Casa Rosada, se presentó ante la Justicia no solo para defenderse, sino para exigir que se expulse de la causa a los inversores que denuncian haber sido estafados.

Por Redacción IN-FORMADOS

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El argumento central de la defensa, estructurado por el abogado Daniel Rubinovich ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, es una preocupante declaración de principios de la era actual: según su óptica, aquí no hubo delito, sino la simple “dinámica del mercado”. Para Novelli, los denunciantes no son víctimas ingenuas, sino “jugadores experimentados” que sabían operar billeteras virtuales y, por lo tanto, debían asumir que estaban entrando a una ruleta financiera.

Culpar a la víctima: El saber no quita la trampa

La estrategia judicial es perversa por donde se la mire. Pretender que un fraude se anula si la víctima posee conocimientos tecnológicos avanzados es una falacia jurídica y moral. Manejar la plataforma Solana o aplicar estrategias de promedio de costos (DCA) no inmuniza a un ciudadano contra la manipulación informativa, el ocultamiento de datos o el inflado artificial de un activo.

Lo que la causa investiga no es si los compradores sabían apretar los botones de una computadora; lo que se dirime es si existió una arquitectura montada para generar una ilusión de rentabilidad que terminó licuando los ahorros de la gente en tiempo récord, pasando de cinco dólares a menos de uno. Reducir el colapso de un token vinculado al poder político a un mero “vaivén del mercado” es usar la jerga financiera como anestesia legal.

El tuit presidencial: ¿Mensaje político o aval oficial?

Otro de los puntos más endebles y significativos del descargo de la defensa es el intento de blindar la responsabilidad del Presidente. El escrito judicial califica el posteo presidencial que disparó el valor de $LIBRA como un simple “mensaje político” destinado a promover el sector privado, descartando que haya funcionado como un consejo de inversión.

Aquí radica el núcleo del problema que desde este espacio venimos denunciando: la utilización del aparato y la investidura del Estado para convalidar discursos o activos privados, dejando luego al ciudadano de a pie en el más absoluto desamparo. Cuando la máxima autoridad del país difunde un activo digital, no está emitiendo una opinión abstracta en un café; está poniendo el sello de confianza de la República sobre un negocio. Que hoy la defensa pretenda que ese tuit no tuvo consecuencias financieras es, cuanto menos, una burla a la inteligencia colectiva.

El “sálvese quien pueda” ha encontrado en el ecosistema cripto su escenario ideal. Se utiliza la bandera de la libertad económica para atraer inversores, pero cuando el barco se hunde, la consigna oficial es que cada cual atienda su juego.

Las reglas de la timba

El caso $LIBRA es el síntoma de una época donde las fronteras entre la política, el marketing digital y la especulación financiera se han desdibujado peligrosamente. Bajo la promesa de una modernidad sin regulaciones, se empuja a la sociedad a participar de una timba donde las cartas ya están marcadas desde arriba.

Ahora la pelota está en el terreno del juez Martínez de Giorgi. De su decisión dependerá si la Justicia argentina convalida la peligrosa teoría de que en el mundo digital todo vale y que el conocimiento de la víctima justifica el accionar del victimario, o si se empieza a poner un límite al cinismo de quienes usan el poder del relato para inflar bolsillos ajenos y vaciar los de los ciudadanos comunes.

Servicio informativo IN-F