El lanzamiento de la nueva función “Fixture 2026” de Mercado Pago, diseñada para armar los clásicos “prodes” entre amigos de cara al Mundial, encendió las alarmas de las autoridades regulatorias del país. La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) intimó formalmente a la fintech bajo la advertencia de que la modalidad de torneos “por los porotos” podría encuadrarse en el delito de juego clandestino.

Por la Redacción de Diario In-formados

El punto de conflicto radica en la opción que permite a los usuarios fijar cuotas de ingreso en dinero y automatizar la distribución del pozo entre los ganadores. Según los entes reguladores, al facilitar la estructura técnica y el cálculo de los premios, la plataforma podría estar violando el artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que pena con 3 a 6 años de prisión a quien organice juegos de azar sin la debida autorización legal. Cabe recordar que, tras las últimas reformas, el juego ilegal dejó de ser una contravención menor para convertirse en un delito penal de cumplimiento efectivo.

Por su parte, desde la empresa rechazan la acusación. Argumentan que el prode es un juego de destreza y conocimiento deportivo (no de azar puro) y que la aplicación no recauda, no retiene ni distribuye los fondos, siendo la transferencia del dinero un acto estrictamente voluntario entre particulares.

Una mesa de diálogo para frenar la escalada

Es fundamental precisar que, hasta el momento, no existe una denuncia ni una intervención judicial en marcha. La advertencia de ALEA funcionó como un mecanismo de alerta temprana.

Ante el riesgo inminente de que el conflicto escalara a los tribunales, los equipos técnicos de Mercado Libre y los representantes de los entes reguladores abrieron de inmediato una mesa de diálogo. El objetivo de esta instancia de negociación es adecuar los términos, condiciones y visualizaciones de la herramienta para garantizar que mantenga un carácter estrictamente promocional y gratuito, bloqueando cualquier resquicio que simule una plataforma de apuestas.

En un contexto social complejo, marcado por el debate nacional en torno a la ludopatía digital y el acceso de menores a las apuestas virtuales, el caso expone los desafíos regulatorios que imponen las nuevas tecnologías. Por ahora, prima la prudencia y la negociación entre las partes para evitar abrir una puerta judicial que podría sentar un precedente severo para la industria de las billeteras virtuales en el país.

Servicio informativo IN-F