La reciente ola de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) excede por completo la mera discusión sobre el achique del gasto público. El envío de telegramas de rescisión contractual a decenas de trabajadores y la posterior militarización de la sede central de la Avenida del Libertador con efectivos de Gendarmería Nacional exponen, a cielo abierto, las prioridades de la gestión libertaria: la aplicación de una planilla de cálculo fría sobre un sector donde lo que se manipula no son papeles, sino material nuclear estratégico y el capital intelectual del país.

Por Editorial IN-FORMADOS

Captura de video: Gendarmería Nacional adentro de edificio público de la CNEA / Tomado de la web

Mientras los gremios del sector (ATE y APCNEAN) denuncian el desmantelamiento de laboratorios y áreas técnicas clave para proyectos de vanguardia global como el reactor CAREM (un módulo de reactor nuclear más pequeño, a lo que apunta la vanguardia tecnológica a la que, hasta ahora, Argentina pertenecía), la versión oficial del Gobierno intenta edulcorar la medida calificando las bajas como “personal administrativo no calificado”. Sin embargo, en la altísima complejidad de la actividad atómica, el concepto de “personal prescindible” es una quimera peligrosa. Cada eslabón —desde el mantenimiento técnico hasta los sistemas de monitoreo— sostiene una cadena de seguridad biológica y operativa indivisible.

El espejo de los 90: Una hipoteca que ya pagamos

La memoria histórica es un músculo que el periodismo está obligado a ejercitar. Lo que hoy se presenta como “modernización” y “eficiencia” bajo la batuta del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ya lo vivimos en la década de 1990 durante el menemismo. Las consecuencias de aquel desguace, que paralizó Atucha II por más de una década y congeló las vacantes del sector, no se midieron en pesos ahorrados, sino en décadas de retroceso.

El daño más severo de estas políticas no es el recorte presupuestario del mes, sino el bache generacional. Formar a un ingeniero nuclear o a un físico especializado demanda entre 8 y 10 años de inversión estatal y académica. Cuando el desfinanciamiento expulsa a los científicos o congela el recambio, se corta la transmisión del know-how de maestro a discípulo. Argentina tardó casi veinte años en sanear la “fuga de cerebros” del menemismo; repetir la receta es una negligencia histórica y vamos camino a un retraso tecnológico, con los del menemismo, de 40 años.

Entre la auditoría externa y la soberanía

En los pasillos de los centros atómicos de Ezeiza y Constituyentes, el malestar se profundiza al compás de los rumores geopolíticos. La reciente visita en hermetismo de delegaciones norteamericanas y el constante trasvasamiento de cuadros técnicos formados por el Estado hacia corporaciones privadas ligadas a intereses estadounidenses alimentan una sospecha legítima: ¿se trata de un plan de austeridad local o de un debilitamiento inducido de nuestra soberanía tecnológica para encajar en el diseño estratégico de las potencias globales?

Sostener la bandera del déficit cero a costa de desarmar los resortes del desarrollo científico nacional, en los que el país lleva décadas de tiempo y miles de millones de dólares invertidos, es cuanto menos, un acto de miopía estratégica. Si el Estado resigna su rol en la ciencia y entrega el control de sus áreas de mayor valor agregado, cuyas ganancias sólo se ven a largo plazo y para lo cual no falta demasiado, el costo de los previsibles cuellos de botella operativos o de eventuales fallas de seguridad no lo pagarán los “genios” de la economía que firman los decretos desde un escritorio en Buenos Aires. Será un costo a pagar con el futuro del país, pero… ¿Quién piensa en eso, no?

Servicio informativo IN-F