Lo que comenzó como una serie de susurros de pasillo en la planta de Dioxitek S.A. se transformó, en la última semana, en un expediente penal federal que sacude los cimientos de la política nuclear argentina. Entre denuncias de trabajadores, negaciones oficiales y el despliegue de Gendarmería, la planta de Alta Córdoba vuelve a ser el centro de una disputa que mezcla seguridad ambiental, desidia administrativa y un legado histórico que parece haber quedado en el olvido.

Por Redacción In-formados

Imagen tomada de la web

Los hechos: La verdad detrás del “polvillo”

La mecha se encendió cuando trabajadores de la planta —la única en el país que produce dióxido de uranio— denunciaron a través de medios como La Voz y portales nacionales una serie de incidentes graves ocultos bajo la alfombra oficial. Las denuncias no solo apuntaban a la rotura de maquinaria crítica, sino a una fuga de uranio en una tubería dentro del predio urbano.

La respuesta de la conducción, encabezada por su presidente Santiago Ramos Napoli, fue inmediata y tajante en redes sociales: “Desmiento categóricamente que haya existido un incidente”. Sin embargo, el relato oficial colapsó ante el peso de los documentos. Registros de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) confirmaron que en 2024 y lo que va de 2025 se produjeron al menos cinco eventos de dispersión de compuestos de uranio.

Ante la evidencia, la Justicia Federal de Córdoba intervino de oficio con una celeridad poco frecuente. En menos de seis días desde el estallido mediático, el fiscal y el juez federal ordenaron un allanamiento. Gendarmería Nacional y peritos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ingresaron a la planta para tomar muestras de suelo y secuestrar libros de guardia, buscando determinar si hubo un ocultamiento deliberado de información que puso en peligro a la comunidad cordobesa.

De la soberanía técnica a la “ola privatizadora”

Para entender el presente de Dioxitek, hay que mirar hacia atrás. Mucho antes de ser una Sociedad Anónima, estas instalaciones eran el Complejo Fabril Córdoba (CFC), una división directa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) nacida en los años 50. En aquel entonces, el complejo era un símbolo de soberanía: allí se logró el hito de purificar uranio para que las centrales de Atucha y Embalse no dependieran de insumos extranjeros.

Sin embargo, el clima cambió en 1996. Bajo la gestión de Carlos Menem y su política de privatizaciones y desguace del Estado, el complejo fue escindido de la CNEA y transformado en Dioxitek S.A. Si bien el Estado conservó la mayoría accionaria, la lógica de funcionamiento viró hacia una estructura empresarial que, con el tiempo, fue alejándose de la rigurosa tutela científica original.

El choque de dos mundos: Finanzas vs. Seguridad

El conflicto actual desnuda una realidad preocupante: la conducción política actual de la empresa, alineada con la gestión de Luis Caputo en Economía, parece priorizar una visión financiera y de reducción de costos por sobre los protocolos de seguridad radiológica.

La crítica de los especialistas es unánime: la planta hoy es dirigida por perfiles legales y administrativos sin trayectoria en el sector nuclear. Para un abogado o un financista, un derrame de uranio puede parecer “polvillo” que se limpia con una aspiradora; para un ingeniero nuclear, es una falla sistémica que requiere protocolos de contención inmediata. Esta brecha de conocimiento es, quizás, el riesgo radiactivo más peligroso que enfrenta la planta.

El futuro: Formosa y la urgencia del traslado

El horizonte de Dioxitek está en el norte. La construcción de una nueva planta en Formosa (NPU Formosa) promete ser la salida definitiva al conflicto ambiental en Córdoba. La planta de Alta Córdoba está técnicamente fuera de norma municipal desde hace décadas por estar rodeada de vecinos, escuelas y comercios.

El futuro de la empresa representa mucho para el país: es el corazón del ciclo del combustible nuclear argentino. Pero para que ese futuro sea viable, el Estado debe decidir si Dioxitek seguirá siendo tratada como una simple caja financiera o si recuperará la excelencia técnica que alguna vez tuvo bajo el nombre de Complejo Fabril Córdoba.

Mientras tanto, en los pasillos de los tribunales federales de Córdoba, se espera que el peritaje de la UNC revele qué fue lo que realmente ocurrió detrás de los muros de la planta. Porque en materia nuclear, el silencio suele ser mucho más tóxico que el propio uranio.