CÓMO, PULLARO APROVECHA, QUIEN SABE SI “CON” O “SIN” COMPLICIDAD DE SU CONTRAPESO NATURAL REPUBLICANO, LA LENTITUD DE LA JUSTICIA PROVINCIAL

En la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador de Santa Fe hizo anuncios para el año en curso, en apariencia, todas “buenas noticias”, pero…

Adelantó, entre otras buenas noticias y de buen grado, que desistiría de prorrogar un año más el polémico aporte “solidario”, que en realidad fue “impuesto” a los pasivos provinciales, con la excusa de que peligraba el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones que puede ser que sea cierto, pero no quita el hecho de que la medida fue impuesta y disfrazada de solidaria. Recordemos que su decreto se puso en vigencia en setiembre de 2024 por dos años, prorrogable por un año más. Esta última parte es la que, ahora, anuncia que va a desechar, pero aclaremos que continuará vigente hasta el próximo mes de setiembre.

Aunque el anuncio no lo menciona y hace un intento de mostrar la benevolencia del mandatario provincial, en realidad, hubo algunas circunstancias de índole judicial que dejaban prever que a la medida decretada no le quedaba demasiado futuro.

Resulta que, ante las demandas presentadas por la inconstitucionalidad de la reforma previsional, el Ejecutivo había presentado la moción de desplazar a cuatro jueces de la Corte provincial argumentando que, como futuros jubilados, no serían imparciales (una lógica inadmisible, ya que todos en algún momento, tarde o temprano, se jubilarán y por tanto, nadie podría estar en condiciones de resolver la cuestión objetivamente).

Resuelto este planteo, contrario a los deseos del Ejecutivo, el máximo tribunal quedó habilitado para fallar sobre el fondo de la cuestión (la constitucionalidad del aporte solidario y el diferimiento de aumentos), con una tendencia que se preveía adversa para el Gobierno.

Especulando con el fallo previsible de la Corte, el gobierno se adelantó a anunciar su próxima jugada, aprovechando la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. No hará uso de las facultades que el propio decreto le confería, dando una idea de que lo hará porque su estrategia ya había dado los frutos que esperaba. Se había logrado reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizado su sustentabilidad.

De igual forma, exhibiendose con aires de magnanimidad anunció que, además, reduciría el tiempo diferido en otorgar los aumentos salariales al sector pacivo a la mitad, de 60 a 30 días (en estos tiempos de digitalización e inteligencias artificiales). Es hasta absurdo pensar, siquiera, que un dinero que se transfiere de una cuenta bancaria a otra demore más de una hora y que las asignaciones que correspondan a cada beneficiario del sector, no se pueda hacer con un simple cálculo con Excel que podría tardar una semana, diez días, cuando mucho.

Igualmente, habrá que esperar al resultado de las deliberaciones paritarias para abordar este tema de los aumentos diferidos porque, aunque luego de la huelga policial, para desarmar la medida de los agentes, el gobierno ha otorgado aumentos al sector de Seguridad. Estos aumentos han sido sólo “asignaciones no remunerativas” y “asignaciones no bonificables”, lo que sólo beneficia a los activos. Sería comprensible, sólo si se debe a alguna cuestión económica que pueda desbalancear las cuentas gubernamentales.

Esperemos que, en cuanto estén dadas las condiciones, tales asignaciones vayan incorporándose progresivamente a los salarios, en lugar de esta forma, que atenta contra el financiamiento natural de la Caja de Jubilaciones y así no volver a recurrir nuevamente a la ilegalidad de sustentar la Caja con el dinero de quienes, tras haber aportado durante toda su vida laboral, ahora, ya sólo deberían ser sus beneficiarios.

Y también, esperemos que estos anuncios no sean sólo una distracción para ganar tiempo, aprovechando la, más que evidente, lentitud de la Justicia provincial, e idear alguna nueva forma de demorar, retener y/u obtener usufructos monetarios del dinero que les corresponde a los trabajadores del Estado y sus jubilados.