Por: Redacción Editorial

Imagen creada mediante IA para graficar el choque entre la justicia de Manhattan y los símbolos nacionales

La reciente anulación por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de la condena de US$ 16.100 millones contra Argentina es, más allá de un alivio financiero, el derrumbe de un relato judicial. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, había construido un fallo que, para muchos analistas escépticos, funcionaba más como un “algoritmo pro-mercado” que como un acto de justicia equilibrado.

El núcleo de su decisión, ahora revocado, se basaba en una premisa audaz: que un estatuto comercial, firmado por una YPF privatizada en los años 90 para cotizar en Wall Street, tenía mayor vigencia y jerarquía que una Ley de Expropiación aprobada por el Congreso Nacional de un Estado soberano en 2012.

La justicia deshumanizada

Para la jueza Preska, la República Argentina no fue tratada como una nación con historia, crisis y el derecho público a decidir sobre sus recursos estratégicos (como Vaca Muerta). En su tribunal, el país fue reducido a la categoría de un “deudor comercial” que simplemente había roto un contrato bursátil.

Esa “frialdad algorítmica” es la que le permitió ignorar que la expropiación fue un acto de Estado, no una decisión comercial de directorio. Al priorizar la letra chica de un estatuto sobre una declaración de utilidad pública nacional, la jueza intentó, de facto, legislar sobre la soberanía argentina desde una oficina en Manhattan.

La “Ceguera Voluntaria”

Lo más sospechoso de su fallo —y que la Cámara de Apelaciones parece haber detectado— es que Preska eligió no ver el contexto de la demanda. Validó el reclamo de un fondo de inversión, Burford Capital, que no produce petróleo y que compró los derechos para litigar a precios de remate a empresas vinculadas al Grupo Eskenazi (Petersen).

Al habilitar el cobro con acciones de YPF, Preska estaba protegiendo los intereses del capital especulativo por encima de la estabilidad energética de un país. Esta “ceguera voluntaria” ante la naturaleza de los litigantes y el interés público es lo que generaba la sospecha de que su fallo buscaba, más que impartir justicia, disciplinar a los Estados que intentan recuperar el control de sus recursos.

La Cámara de Apelaciones, al decirle que “interpretó mal la ley argentina”, no solo ha salvado las reservas del Banco Central por el momento, sino que ha puesto un freno a una doctrina que subordinaba los derechos de las naciones a las reglas de una sociedad anónima de Nueva York.