El nuevo megapaquete de 11 leyes enviado por Maximiliano Pullaro a la Legislatura reabrió un viejo y profundo debate: hasta dónde puede ceder el Estado de derecho en aras de pacificar el territorio. Los puntos más polémicos que encendieron las alarmas en el ámbito judicial y la oposición.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

Santa Fe — La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ha decidido ir a fondo en el terreno que considera el corazón y plebiscito de su mandato: la seguridad pública. Avalado políticamente por un retroceso estadístico en los homicidios y la violencia lesiva en Rosario y la capital provincial, el Poder Ejecutivo santafesino envió a la Legislatura una batería de 11 proyectos de ley diseñados para profundizar y acelerar los mecanismos de persecución penal.

Sin embargo, lo que el oficialismo defiende como un “ajuste de tuercas imprescindible” para eliminar la burocracia que beneficia a los delincuentes, ha despertado un fuerte revuelo político y judicial. Desde la Defensa Pública, colegios de abogados, magistrados y bloques de la oposición advierten que la letra chica del paquete normativo roza límites peligrosos e introduce reformas que contradicen pactos constitucionales vigentes.

¿Se trata de herramientas necesarias frente a la mutación del crimen organizado o de “triquiñuelas” que otorgan un exceso de poder discrecional a la policía y los fiscales?

Los tres ejes de la discordia: ¿Qué dice la ley que nadie quiere firmar?

El paquete es amplio, pero las alarmas del universo jurídico se encendieron con especial fuerza sobre tres puntos específicos:

1. Interrogatorios policiales sin defensores

El proyecto busca facultar a la Policía provincial para tomar “declaraciones informativas” e interrogar a sospechosos sin que sea obligatoria la presencia de un abogado defensor para validar el acto.

• La postura del Gobierno: Argumentan que en el dinamismo de la calle y la flagrancia se pierde tiempo vital para conseguir información que evite otros delitos inmediatos.
• La crítica judicial: Los especialistas advierten que este punto colisiona de frente con el principio constitucional de no autoincriminación. “Devolverle a la policía la potestad de interrogar a solas abre la puerta histórica a los apremios ilegales y a declaraciones coaccionadas que después terminan tirando abajo las causas”, señalan desde los pasillos de los tribunales.

2. Allanamientos automáticos y derribos exprés por orden fiscal

La reforma habilita la posibilidad de realizar allanamientos automáticos ante casos de portación ilegal de armas en la vía pública, y faculta a los fiscales a ordenar la demolición de búnkeres de drogas de manera excepcional sin necesidad de esperar una orden o autorización judicial previa.

• La postura del Gobierno: La vocera provincial, Virginia Coudannes, defendió la medida apelando al sentido común de los vecinos: “La burocracia judicial lleva tiempo y la ciudadanía no puede esperar mientras se dirimen competencias”.
• La crítica judicial: El filtro del juez de garantías existe precisamente para evitar abusos de poder o allanamientos arbitrarios basados en sospechas endebles. Eliminar la intervención judicial previa, afirman los opositores, rompe el equilibrio de poderes.

3. Juicio en rebeldía y Ciberpatrullaje

El paquete incorpora la figura del juicio en ausencia (si el imputado se fugó, el proceso continúa hasta la sentencia) y amplía drásticamente las facultades de inteligencia criminal mediante el análisis digital y extracción de datos de dispositivos electrónicos.

• La postura del Gobierno: Es indispensable para evitar que los capos narcos o delincuentes complejos “traben” las causas dándose a la fuga.
• La crítica judicial: Diputadas de la oposición, como Natalia Armas Belavi, alertaron sobre el riesgo latente de un “exceso de poder” por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la falta de controles sobre qué y a quiénes se investigará mediante el ciberpatrullaje.

La estrategia del ring: “Garantistas vs. Eficaces”

Fiel al estilo confrontativo que demanda la época, el gobierno de Pullaro no ensaya una retirada ante las críticas; al contrario, redobla la apuesta discursiva. La Casa Gris ha decidido encasillar cualquier objeción técnica en la categoría de “garantismo funcional al delito”.

“¿Y si hubiésemos hecho caso a los garantistas que siguen creyendo que proteger los derechos de los delincuentes es mejor? No vamos a sacar el pie del acelerador”, dispararon de forma oficial desde el Ejecutivo provincial, subiendo al ring tanto al peronismo como a los sectores académicos que piden prudencia.

El veredicto de la balanza

La encrucijada santafesina expone el dilema clásico de las democracias modernas bajo acoso criminal: cuánta libertad y cuántas garantías ciudadanas se está dispuesto a canjear a cambio de mayor seguridad. Dotar a las fuerzas de seguridad de mecanismos ágiles es un reclamo legítimo de una sociedad hastiada de la impunidad. Sin embargo, la historia institucional argentina demuestra que cuando las leyes se redactan al calor de la emergencia y flexibilizan las garantías básicas, el remedio puede terminar siendo tan peligroso como la enfermedad. El verdadero trabajo de la Legislatura en las próximas semanas no será decidir si combate o no al delito, sino asegurar que las nuevas herramientas sirvan para meter presos a los criminales dentro de la ley, y no para dejar a los ciudadanos comunes desprotegidos ante el abuso estatal.

Servicio informativo IN-F