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Federalismo fiscal: los intendentes del interior plantan bandera frente al ajuste nacional

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La paciencia de las administraciones municipales del interior del país parece haber encontrado un límite estrictamente numérico. En una ofensiva política e institucional articulada, los jefes comunales de las principales capitales y ciudades de las provincias comenzaron a coordinar reclamos unificados ante la Casa Rosada. El eje del conflicto no es ideológico, sino de gestión: la asfixia financiera generada por la quita de subsidios al transporte y la falta de contraprestación en los impuestos que se recaudan en el interior pero quedan retenidos en el puerto.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini (médico, de profesión), ofició en las últimas horas como uno de los voceros principales de este bloque de mandatarios locales. Durante una reciente entrevista en el programa BTCH, conducido por el periodista Jairo Straccia, el cordobés sintetizó el malestar del municipalismo con argumentos técnicos, marcando una distancia prudente de la agresión partidaria para enfocarse en la viabilidad de la gobernanza.

La trampa del impuesto a los combustibles

El reclamo central de la Liga de Intendentes apunta directamente a la estructura de costos de los combustibles fósiles. Actualmente, los componentes impositivos representan cerca del 35% del valor final del surtidor. Por ley, una porción sustancial de esa recaudación tiene una asignación específica: el mantenimiento y la mejora de la red vial nacional.

Sin embargo, el diagnóstico desde el interior es unánime: las rutas nacionales que atraviesan los sectores productivos se encuentran en un estado de abandono crítico, mientras que la recaudación sigue fluyendo hacia las arcas centrales.

Ante esta distorsión, los intendentes pusieron sobre la mesa dos alternativas concretas de reforma fiscal:

  1. Coparticipación directa: Que el tributo sea distribuido de manera automática entre las provincias y municipios, permitiendo que los distritos que generan el recurso sean los encargados de ejecutar las obras viales necesarias en sus propias trazas.
  2. Supresión del gravamen: En caso de que la Nación decida no cumplir con la contraprestación del servicio de mantenimiento, se exige la eliminación del impuesto. Esto generaría un alivio inmediato en los costos logísticos de las economías regionales y una baja sustancial en el precio final de la nafta y el gasoil para los ciudadanos.


El transporte en jaque por los subsidios de la SUBE

A la problemática vial se le suma el frente crítico del transporte urbano. Los intendentes denuncian de manera sistemática que el Gobierno nacional mantiene pisados los fondos correspondientes al subsidio de la tarjeta SUBE y el Fondo Compensador del Transporte para el interior, profundizando una asimetría histórica con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esta falta de transferencia obliga a los municipios a enfrentar una encrucijada compleja: trasladar el costo total del servicio a la tarifa del boleto —volviéndolo prohibitivo para el trabajador— o desviar fondos propios destinados a salud, educación o bacheo para sostener el sistema de transporte local en funcionamiento.

De la planilla de Excel al plan de desarrollo

La crítica de fondo que resuena entre los pasillos de las intendencias del interior apunta a la falta de un rumbo de crecimiento. “El Gobierno nacional no aplica un plan económico. Aplica un ‘Plan de ajuste'”, se escuchó definir con precisión técnica.

La diferencia conceptual es clave para comprender el posicionamiento de los jefes comunales. Mientras que un plan de ajuste se limita a recortar partidas en pos de un equilibrio fiscal de corto plazo en una planilla de Excel, un plan económico real demanda una hoja de ruta para la producción, el fomento del empleo y la previsibilidad de las economías regionales.

Con propuestas concretas bajo el brazo y datos difíciles de refutar en el debate público, los intendentes del interior empiezan a consolidar un polo de poder institucional. Su objetivo es claro: obligar al poder central a entender que el equilibrio fiscal de la Nación no puede construirse sobre la base del quiebre financiero de las ciudades que producen la riqueza del país.

Servicio informativo IN-F

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Santiago Martínez

Periodista y Director de In-Formados

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