El alineamiento irrestricto de la Casa Rosada con Washington obligó a la Argentina a ceder en un reclamo histórico de las multinacionales farmacéuticas. Los detalles de la normativa actual, las exigencias de Trump y el cortocircuito entre el titular de Diputados y el asesor estrella.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

Buenos Aires — Detrás de la coreografía de unidad que el oficialismo intentó escenificar en los balcones de la Casa Rosada tras el 25 de Mayo, los despachos oficiales crujen por disputas estructurales. El foco de conflicto más complejo de las últimas semanas no gira en torno a una caja estatal o un cargo menor, sino alrededor de una firma clave: la reforma del sistema nacional de patentes de invención.

Este punto neurálgico forma parte de las condiciones estrictas que Donald Trump le impuso a Javier Milei a cambio del apoyo financiero y la apertura de mercados. Su implementación generó un durísimo choque de intereses entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, receptor de las presiones de la poderosa industria de laboratorios nacionales (CILFA), y el influyente asesor Santiago Caputo, encargado de blindar el acuerdo geopolítico con la Casa Blanca sin dilaciones legislativas.

¿Qué rige las patentes actualmente en la Argentina?

El marco general del país está regulado por la Ley Nº 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (aprobada en los años 90). Esta norma otorga una propiedad exclusiva por 20 años improrrogables a toda invención que sea nueva, tenga actividad inventiva y aplicación industrial.

Sin embargo, el verdadero nudo de la discordia radica en una serie de normativas complementarias y restricciones administrativas que la Argentina aplicó —con especial fuerza desde 2012— para proteger a su industria local:

• El freno a las patentes farmacéuticas: A través de resoluciones conjuntas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y ministerios nacionales, la Argentina aplicó criterios sumamente restrictivos para otorgar patentes químicas y farmacéuticas. Se bloqueaban, por ejemplo, las denominadas “patentes de segundo uso” (cuando se descubre una nueva aplicación médica para una droga ya existente) o las formulaciones en cascada.
• La “jurisprudencia del calco”: Al considerarse que muchas modificaciones de los laboratorios extranjeros eran meras estrategias comerciales para estirar los monopolios de 20 años (práctica conocida en el mundo como evergreening), el Estado facilitaba que laboratorios nacionales clonaran y comercializaran fórmulas genéricas a una fracción del costo internacional.

Este esquema convirtió históricamente a la Argentina en una de las principales “bolillas negras” de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en sus informes anuales sobre violación de propiedad intelectual.

¿Qué exige Estados Unidos y qué firmó el Gobierno?

Para Washington, el respeto absoluto de la propiedad intelectual de sus empresas (médicas, agroquímicas y de software) es una política de Estado innegociable. En el marco del Tratado Bilateral, la administración Trump le torció el brazo a la diplomacia argentina exigiendo un giro de 180 grados.

El Gobierno nacional ya comenzó a materializar estas demandas mediante decretos y resoluciones del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado conducido por Federico Sturzenegger, las cuales exigen:

1. Eliminación de las restricciones específicas: El INPI ya no podrá aplicar filtros especiales a los medicamentos. Deberá analizar cada solicitud caso por caso siguiendo los estándares globales, permitiendo la patentabilidad de segundos usos y compuestos innovadores que antes se rechazaban de plano.

2. Adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): El Congreso deberá convalidar el ingreso del país a este sistema internacional administrado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). El PCT permite a un inventor presentar una única solicitud internacional para resguardar su propiedad de forma simultánea en más de 150 países, impidiendo que firmas locales aprovechen baches temporales para registrar la idea en suelo argentino.

La interna del oficialismo: Laboratorios locales vs. Compromiso Internacional

El cumplimiento de este pacto encendió las alarmas en el sector de laboratorios nacionales, una industria de altísimo peso económico, fuerte arraigo en el empleo industrial y terminales directas en el Congreso.

• La posición de Martín Menem: El riojano, con la mirada puesta en la gobernabilidad parlamentaria y el tejido de alianzas con sectores tradicionales, se convirtió en el receptor de los reclamos de las cámaras nacionales. Los laboratorios locales advierten que la imposibilidad de fabricar genéricos de vanguardia no solo destruirá empleo argentino, sino que disparará el precio de los tratamientos de alta complejidad que deben costear las obras sociales y el Estado. Por ello, Menem intentó dilatar el tratamiento de las leyes de adhesión internacional.
• La posición de Santiago Caputo: Para el estratega de la Casa Rosada y el núcleo duro libertario, los reclamos locales huelen a “proteccionismo corporativo” contrario a la filosofía del libre mercado. Desde el entorno de Caputo argumentan que la seguridad jurídica total es la única forma de que ingresen inversiones extranjeras, y sostienen que la demora de leyes clave pone en riesgo los desembolsos y avales financieros prometidos por Washington, considerados vitales para sostener la estabilidad macroeconómica.

El impacto en las farmacias

El Gobierno intentó calmar las aguas incluyendo cláusulas de salvaguarda que aseguran que ningún medicamento que ya esté en circulación en el mercado local podrá ser retirado. Sin embargo, de cara al futuro, el escenario cambia por completo.

La Argentina se encamina a abandonar el modelo que le permitía “copiar” rápidamente los fármacos de última generación lanzados en el hemisferio norte. Los nuevos tratamientos oncológicos, inmunológicos y biotecnológicos que se desarrollen a nivel mundial llegarán al país de forma más rápida, pero bajo el estricto control monopólico de las multinacionales dueñas de la patente. El debate legislativo que viene medirá qué pesa más en la balanza oficial: el bolsillo de la salud pública o el cumplimiento de los contratos geopolíticos.

Servicio informativo IN-F