La política argentina nos ha entrenado a la fuerza en el arte de la sospecha. Pero hay momentos donde la sospecha deja lugar a la deducción pura y dura. La reciente reglamentación y puesta en marcha de la llamada “Ley de Inocencia Fiscal” no es un mero instrumento de recaudación ni una moratoria más para reactivar la economía; mirada con perspectiva, se perfila como el diseño de un puente de oro para el desembarco definitivo de la actual burocracia estatal en el sector privado que hoy dicen administrar.

Por Santiago Martínez
Director Editorial | Diario In-formados

El mecanismo es tan viejo como el poder mismo, pero esta vez viene con ropaje de modernidad, billeteras virtuales y retórica libertaria. Primero se habilita el perdón absoluto: los dueños de la guita en negro —entre los que ya se anotan, con asombrosa soltura y declaraciones juradas enmendadas a contrarreloj, varios pesos pesados de la función pública— blanquean sus activos sin necesidad de explicar de dónde salieron. Dinero libre de culpa y cargo, listo para ser volcado al circuito formal.

Pero la pregunta periodística clave no es el cómo, sino el hacia dónde va a ir ese dinero. Y ahí es donde la futurología se transforma en un ejercicio de crudo realismo.

La receta perfecta: quebrar para comprar barato

Para que la masa de dinero blanqueada rinda sus verdaderos frutos, se necesita un escenario de liquidación. Y el escenario se está construyendo a cielo abierto. Asistimos a un proceso de asfixia inducida sobre la estructura productiva del país. La industria nacional, las pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo en el interior, y los sectores estratégicos del Estado sufren hoy una pérdida drástica de valor, jaqueados por la recesión, la apertura desregulada y la falta de financiamiento.

La lógica económica que maneja este funcionariado es implacable: un activo destruido en su cotización es una oportunidad de negocios para quien tiene la liquidez necesaria. Están quebrando la matriz industrial argentina para poder comprarla, en un par de años, por dos mangos.

El plan de negocios del “post-poder” no apunta a timbas menores. Apunta a los resortes estratégicos de la Argentina que viene. Cuando las luces de los despachos oficiales se apaguen y estos muchachos deban abandonar la gestión pública, no van a volver a dar clases a la universidad ni a asesorar consultoras de segunda línea. Van a volver con el traje de flamantes “capitanes de la industria”.

Los socios del mañana en Vaca Muerta

El destino final de esos fondos que hoy se regularizan bajo el paraguas de la “inocencia fiscal” ya está marcado en el mapa satelital de los recursos naturales. No hace falta mucha imaginación para avizorar a los principales nombres del actual organigrama de gobierno convertidos, en el mediano plazo, en socios minoritarios o contratistas clave de YPF en las codiciadas áreas de Vaca Muerta, o sentados en los directorios de las corporaciones mineras que hoy reciben beneficios fiscales extraordinarios a cambio de promesas de inversión.

Se trata de un círculo perfecto de acumulación:

• Ayer: Se resguarda el patrimonio en la informalidad o el circuito cripto mientras se milita el achique del Estado.
• Hoy: Se sanciona la ley que limpia el origen de esos fondos y, en paralelo, se devalúa el valor de las empresas y recursos nacionales mediante políticas de ahogo.
• Mañana: Se adquiere la participación en los sectores estratégicos privatizados o precarizados a precio de saldo.

La historia argentina es un loop eterno de transferencias de riqueza. La diferencia radica en que, antes, el proceso requería de intermediarios sofisticados. Hoy, los propios encargados de firmar las resoluciones que hunden el valor de lo público son los que, declaración jurada mediante, preparan la billetera para quedarse con los despojos.

No es ineficiencia, es diseño. Y más que una política económica, lo que estamos viendo es un fenomenal plan de retiro para cuando toque dejar el poder.

Servicio informativo IN-F