La política argentina actual parece haber cambiado los despachos alfombrados y los mapas estratégicos por la liviandad de un posteo en Instagram. Lo que hasta hace semanas era una sorda y tensa batalla burocrática en las penumbras del Poder Ejecutivo, terminó estallando en la superficie de la forma más insólita: a través de las redes sociales de una legisladora oficialista.

Por Redacción IN-FORMADOS
El plan del ministro Sturzenegger para fusionar funciones de la Armada y la Prefectura quedó expuesto por la impericia digital de una diputada. Radiografía de una reforma profunda que se cocina entre algoritmos, ignorancia legislativa y el malestar de los mandos militares.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado

El foco del conflicto no es menor: el avance del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, sobre las competencias históricas de la Armada Argentina, con la aparente intención de licuar sus funciones y fusionarla en la práctica con la Prefectura Naval bajo la premisa del “ajuste eficiente”.

El posteo que encendió la mecha

La chispa que desató la furia en el Edificio Libertad (sede de la Marina de Guerra) la encendió la diputada nacional Virginia Gallardo (La Libertad Avanza). En su afán de exhibir gestión en sus plataformas digitales, la legisladora subió imágenes y detalles de una jornada institucional organizada por la Prefectura Naval.

El problema no fue la foto, sino el contenido expuesto: allí, la fuerza de seguridad policial se atribuía abiertamente competencias ligadas a la Defensa Nacional y operaciones en la Antártida. Lo que debía ser un debate técnico y reservado entre los ministerios de Defensa y Seguridad quedó expuesto ante el público general por la impericia de los propios actores políticos. El jefe de la Armada, el almirante Carlos Presti, no tardó en hacer notar su profundo descontento ante lo que los marinos consideran una “mojada de oreja” inadmisible.

La lógica del contador vs. La doctrina soberana

Detrás del sainete digital se esconde un debate de fondo crucial para el país. En la visión de Sturzenegger, la Armada y la Prefectura comparten cerca de un 70% de funciones superpuestas (control de pesca, salvamento, marina mercante), un “nudo ciego” histórico que la política tradicional nunca se atrevió a resolver. Para el ojo del técnico desregulador, esta duplicación es un gasto innecesario que puede resolverse con un clic de escritorio.

Sin embargo, el apuro por pasar la motosierra omite una distinción legal y doctrinaria fundamental que sostiene a nuestra democracia desde 1983: la separación tajante entre Seguridad Interior y Defensa Nacional.

• La Armada Argentina está adiestrada y equipada para repeler agresiones militares estatales extranjeras. Su fin es disuasivo y bélico en defensa de la soberanía.
• La Prefectura Naval es una autoridad policial administrativa de las aguas. Su formación está orientada a la prevención del delito, la seguridad de la navegación y el cumplimiento del código penal.

Tratar a ambas instituciones como si fueran oficinas estatales que comparten una fotocopiadora destruye este límite. Policializar a las Fuerzas Armadas o militarizar a una fuerza de seguridad interna es un peligro institucional que el país ya pagó caro en el pasado.

Consecuencias en el Atlántico Sur y la Hidrovía

Las alarmas que encienden los especialistas civiles y militares no responden al orgullo herido de los uniformados, sino a las consecuencias geopolíticas irreparables que este rumbo podría ocasionar:

1. El absurdo antártico: El Tratado Antártico prohíbe explícitamente la militarización del continente, pero permite el apoyo logístico militar para fines científicos (tarea que la Armada realiza históricamente con el Rompehielos Irízar). Pretender que la Prefectura asuma roles de “ejercicio de soberanía policial” en un territorio internacional congelado donde no rige la ley civil común es un error diplomático que debilita la posición argentina frente a potencias extranjeras.
2. La entrega del control fluvial: Las medidas de desregulación ya implementadas en el área de practicaje y marina mercante —sumadas a la apertura del cabotaje a banderas extranjeras— amenazan con desmantelar la industria naval local. El riesgo real es que el control físico del Río Paraná (la Hidrovía por donde sale el 80% de las exportaciones nacionales) quede en manos de tripulaciones y empresas foráneas, dejando al Estado ciego en sus propias vías navegables.

Cuando la ignorancia marca el rumbo

Lo que genera mayor fricción en los pasillos castrenses es constatar que el destino estratégico del Atlántico Sur y el control de los ríos interiores está siendo empujado por funcionarios sin formación en la materia, secundados por legisladores cuya ignorancia parece jugar un rol más activo que su propia labor parlamentaria. Comprar un PowerPoint colorido sobre “drones y optimización digital” es fácil; entender el despliegue geopolítico y el valor disuasivo de una flota de mar requiere una densidad conceptual que la política de los “likes” no parece poseer.

La estadística y el ahorro fiscal son herramientas válidas para administrar un Estado, pero la soberanía nacional no se mide con la misma vara que una concesión de autopistas. Cuando la soberanía se reduce a un renglón de gastos que hay que tachar en un algoritmo de Excel, el resultado no es la modernización: es dejar al país desarmado frente al mundo.

Servicio informativo IN-F