La Justicia Federal declaró como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez de 1956. Un fallo que llega siete décadas tarde (70 años), cuando ya no quedan culpables vivos para encarcelar, pero que resuena con la fuerza de la verdad histórica: ordena que el horror sea enseñado en las escuelas para que el olvido no gane la batalla. ¿Cómo se planificó la matanza? ¿Quiénes la encubrieron? Una radiografía de la barbarie que dio origen a la violencia política moderna en la Argentina.

Por Redacción IN-FORMADOS

Operación Masacre archivos – Caras y Caretas

1. El Contexto: La dictadura que buscó borrar una identidad

Para entender la noche del 9 de junio de 1956, hay que retroceder un año. En septiembre de 1955, un golpe de Estado militar autodenominado “Revolución Libertadora” derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. La dictadura, encabezada inicialmente por Eduardo Lonardi y luego por el general Pedro Eugenio Aramburu junto al almirante Isaac Rojas, asumió con un objetivo claro: “desperonizar” el país por la fuerza.

Mediante el infame Decreto 4161, se prohibió nombrar a Perón o a Evita, cantar la marcha peronista y exhibir cualquier símbolo partidario. Quien lo hiciera, iba preso. La persecución política, los despidos masivos y la intervención de los sindicatos crearon un clima de olla a presión.

En ese escenario de proscripción absoluta, la resistencia civil comenzó a organizarse en las sombras. Para junio de 1956, un grupo de militares y civiles peronistas, liderados por el general Juan José Valle, planificó un contragolpe para restablecer el orden democrático y exigir el fin de la persecución.

2. Los Hechos: La trampa del tiempo y la descarga en el basural

La noche del 9 de junio, el levantamiento de Valle comenzó a coordinarse en distintos puntos del país. En una casa de la localidad de Florida (Vicente López), un grupo de civiles se reunió para escuchar por radio la pelea de boxeo de Eduardo Lausse. Esperaban la señal radial que indicara el inicio de la acción revolucionaria en su zona, señal que nunca llegó. La conspiración ya había sido infiltrada.

A las 23:30, un grupo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando directo del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, asaltó la vivienda. Detuvieron a todos los presentes sin una orden judicial y violando cualquier garantía constitucional.

Aquí radica el núcleo criminal del hecho: la dictadura de Aramburu dictó la Ley Marcial —que autorizaba los fusilamientos sin juicio previo— recién a las 00:32 del 10 de junio. Es decir, cuando los hombres de Florida fueron secuestrados, la ley marcial no existía.

La orden ilegal:

Ignorando la irretroactividad de la ley, Fernández Suárez ordenó aplicar la pena de muerte de forma retroactiva. Los detenidos fueron trasladados a los basurales de José León Suárez en un camión celular.

Al llegar al descampado, bajo la fría madrugada, los prisioneros fueron obligados a bajar. Al notar lo que sucedía, algunos intentaron correr en la oscuridad; otros cayeron de espaldas bajo las ráfagas de los fusiles policiales. Cinco hombres murieron en el acto: Carlos Brión, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión y Nicolás Carranza. Siete de ellos, ensangrentados y simulando estar muertos en el barro, lograron sobrevivir milagrosamente para contar la historia.

3. El Encubrimiento: Una red de complicidades institucionales

La masacre de José León Suárez no hubiese sido posible sin la complicidad activa de los tres poderes del Estado. Tras el horror, la dictadura montó un monumental aparato de censura y falsificación de documentos para presentar los asesinatos como “enfrentamientos en legítima defensa” o “ejecuciones amparadas por la ley”.

Meses después, uno de los sobrevivientes, Carlos Livraga, rompió el silencio y presentó una denuncia penal. El caso recayó en el juez civil Pedro Quintana y el fiscal Máximo Binaghi, quienes con valentía intentaron investigar a la cúpula policial.

Sin embargo, el aparato del terror reaccionó:

• La justicia militar reclamó la competencia del caso, exigiendo que los uniformados fueran juzgados por sus propios pares.
• Ante el conflicto de poderes, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• En un fallo que manchó para siempre la jurisprudencia argentina, la Corte Suprema de aquel entonces claudicó ante el poder de las botas y determinó que el caso correspondía a los tribunales militares.

Como era previsible, la justicia militar dictaminó que los fusiladores habían actuado en “cumplimiento del deber” y sepultó la causa en el archivo de la impunidad. Tuvo que ser un joven periodista llamado Rodolfo Walsh quien, a través de una investigación clandestina que luego se transformaría en la obra cumbre Operación Masacre (1957), hiciera el trabajo que el Estado se negó a hacer: dar nombres, pruebas y devolverle la voz a los sobrevivientes.

Quienes integraban la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1956)

En el momento en que se convalidó la competencia de la justicia militar para sepultar la causa, la Corte Suprema de la dictadura estaba integrada por jueces designados por el propio gobierno de facto de Aramburu y Rojas. Ellos firmaron la claudicación judicial:

• Alfredo Orgaz (Presidente de la Corte)
• Manuel José Argañarás
• Enrique Carlos Galli
• Carlos Herrera
• Jorge Walter Perkins

Nota al pie:

Alfredo Orgaz, quien presidía este cuerpo, terminaría renunciando años más tarde (en 1960) alegando cuestiones éticas ante el gobierno de Frondizi, pero su firma en 1956 dejó desprotegidos a los sobrevivientes de la masacre.

Quienes integraban el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (La “Corte Militar”)

Este tribunal militar fue el encargado de reclamar la causa para arrebatársela al juez civil Pedro Quintana, dictaminando finalmente que el fusilamiento de civiles desarmados bajo una ley marcial retroactiva había sido “en cumplimiento del deber”. Estaba integrado por altos mandos de las tres fuerzas:

• General de División Juan Carlos Sanguinetti (Presidente del Consejo)
• General de Brigada Santiago J. Inchausti
• General de Brigada José María Castro
• Contraalmirante José Esteban Francisco
• Contraalmirante Jorge Perren
• Comodoro Guillermo Zinny
• Comodoro Julio C. Rossi
• General de Brigada (R) de Justicia Militar Jorge E. Atencio
• Contraalmirante (R) de Justicia Naval Felipe F. Iriart

4. El Valor del Fallo: Romper la impunidad del tiempo

Siete décadas después, la jueza federal Alicia Vence firmó una resolución histórica. El fallo determina que, de haber estado vivos, la cúpula de la dictadura (Aramburu, Rojas, Fernández Suárez) habría recibido la pena de cadena perpetua. Al tratarse de un “Juicio por la Verdad”, el dictamen no persigue fines punitivos efectivos (ya que los acusados fallecieron), sino fines reparatorios y pedagógicos.

Muchos pensarán, con justa razón, que setenta años es una enormidad; que la justicia tardía sabe a poco y que el sabor de la impunidad biológica amarga el resultado. Sin embargo, este fallo es un hito por tres razones fundamentales:

• Responsabilidad Histórica: El Estado argentino asume formalmente, en un documento jurídico definitivo, que fue el planificador y ejecutor de un asesinato masivo de civiles. Ya no es una teoría o una versión partidaria; es verdad jurídica.
• Reparación a las Víctimas: Limpia el nombre de los fusilados, quienes durante décadas figuraron en los archivos oficiales como “subversivos” o “delincuentes comunes”. El fallo les devuelve su condición de ciudadanos masacrados por el terror estatal.
• Memoria Obligatoria: La orden de que esta historia sea incorporada con carácter obligatorio en las escuelas bonaerenses blinda el relato contra el negacionismo.

La sentencia de la Justicia Federal demuestra que el tiempo puede ralentizar la verdad, pero no destruirla. Para las generaciones actuales y venideras, que quizás observen estos hechos como páginas amarillentas de un pasado ajeno, este fallo recuerda que los derechos humanos no son una abstracción contemporánea: son el escudo indispensable para que el Estado nunca más vuelva a convertirse en el asesino de su propio pueblo.

Servicio informativo IN-F