El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó el llamado a indagatoria del exlegislador por presunto lavado de activos, falsificación de instrumento privado y fraude procesal. La Justicia sostiene que una supuesta consultoría minera en Guatemala fue la pantalla para ingresar dinero de origen ilícito al circuito formal.

José Luis Espert, Economista

San Isidro, 22 de junio. – La situación judicial de José Luis Espert dio un vuelco drástico tras conocerse los detalles del dictamen emitido por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. En un extenso requerimiento presentado ante el juez federal Lino Mirabelli, la fiscalía solicitó formalmente la declaración indagatoria del exlegislador aliado al oficialismo nacional, imputándolo por los delitos de lavado de activos, falsificación de instrumento privado y fraude procesal.

La hipótesis central de los investigadores sostiene que Espert montó una “simulación contractual” con el objetivo de otorgar apariencia lícita a una transferencia de 200.000 dólares enviada desde Estados Unidos por el empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien recientemente fue condenado en el país norteamericano por fraude, lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

La coartada guatemalteca que se desplomó

Hasta el momento, la defensa del economista argumentaba que esos 200.000 dólares —percibidos en el año 2020— correspondían a honorarios legítimos por un servicio de consultoría macroeconómica brindado a la firma Minas del Pueblo S.A., una compañía minera radicada en Guatemala y vinculada a Machado.

Sin embargo, tras cruzar documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos digitales secuestrados en las computadoras de los asesores contables del exdiptuado, la fiscalía determinó que dicho contrato es falso. Según el dictamen fiscal, la empresa minera no registraba actividad real ni capacidad operativa al momento de la firma y recién solicitó una licencia de explotación un mes después de la transferencia, lo que convierte al acuerdo en una pantalla jurídica diseñada exclusivamente para justificar el ingreso del dinero.

Autos de lujo y un fideicomiso en la costa

El requerimiento judicial detalla el presunto mecanismo de “goteo” e integración con el que esos fondos de origen espurio fueron introducidos en la economía formal argentina:

• Vehículos de alta gama: De acuerdo a la reconstrucción documental, el dinero se canalizó inicialmente en la adquisición de un automóvil marca BMW y, posteriormente, en un exclusivo Lexus valuado en aproximadamente 130.000 dólares.
• Inversiones inmobiliarias: La fiscalía detectó que otra parte de los fondos fue destinada a la integración del fideicomiso inmobiliario “Dunas”, un desarrollo de categoría ubicado en la localidad balnearia de Costa Esmeralda, en las inmediaciones de Pinamar.

Por la complejidad de la maniobra, el pedido de indagatoria del fiscal Domínguez no se limita al economista. El requerimiento alcanza también a su contador personal, Mariano Alejandro Cosentino, y a la firma Varianza S.A., una sociedad comercial constituida por el propio exlegislador junto a su esposa, que habría sido utilizada para canalizar la documentación contable apócrifa presentada ante los organismos de control.

Inhibición de bienes a la espera del juzgado

Actualmente, el dirigente político permanece con una inhibición general de bienes ratificada, lo que le impide enajenar propiedades o disponer libremente de sus cuentas bancarias, exceptuando los fondos mínimos autorizados por el juzgado para gastos corrientes.

Aunque en las últimas horas el juez Lino Mirabelli paró transitoriamente la pelota para ordenar pericias técnicas complementarias sobre los correos electrónicos y audios secuestrados, en los pasillos de los tribunales de San Isidro coinciden en que el dictamen fiscal deja un margen de acción sumamente estrecho. El magistrado deberá resolver en el corto plazo si convalida el pedido de la fiscalía y fija la fecha definitiva para que Espert comparezca a declarar en calidad de imputado.

Servicio informativo IN-F