El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, se refirió esta mañana a la compleja situación que atraviesan las casas de altos estudios en el marco del sostenido reclamo presupuestario que mantiene en vilo al sistema educativo superior.

En diálogo con BTC China, la máxima autoridad de la UNR reconoció que, si bien la última transferencia de fondos por parte del Ejecutivo nacional representa “un paso importante”, los recursos siguen estando lejos de cubrir las necesidades reales de las instituciones. “No es suficiente”, sentenció de manera tajante.

La trastienda de la negociación: fondos a cambio de bajar demandas

El dato más fuerte de la entrevista surgió cuando Bartolacci expuso los mecanismos de presión que intentó aplicar la administración central en las mesas de negociación. Según reveló el rector, el Gobierno nacional pretendía condicionar el envío de una partida presupuestaria específica —que de por sí ya resultaba exigua— a una exigencia jurídica inaceptable para el sistema universitario.

El Ejecutivo pretendía que las universidades desistieran de las demandas judiciales en curso contra el Estado nacional como requisito para liberar dichos fondos.

La respuesta de las autoridades académicas fue un rotundo rechazo. Ceder ante este condicionamiento no solo implicaba resignar el legítimo reclamo por las vías legales, sino también convalidar una lógica de ahogo financiero que vulnera la autonomía universitaria.

El contexto de un conflicto que no da tregua

Para dimensionar el alcance de los dichos de Bartolacci, es necesario enmarcar la situación en la profunda crisis presupuestaria que el sector viene denunciando desde el año pasado y que se agudizó fuertemente durante el primer semestre de 2026.

• Licuación presupuestaria: Las universidades públicas comenzaron el ciclo lectivo con presupuestos prácticamente reconducidos y desactualizados frente a la inflación, lo que obligó a declarar la emergencia presupuestaria en la mayoría de los rectorados del país.
• El frente judicial: Ante la falta de respuestas políticas y el congelamiento de partidas esenciales (como infraestructura, becas y funcionamiento), varios rectores y los propios consejos superiores acudieron a la Justicia Federal. Estas demandas buscan resguardar los fondos que constitucionalmente le corresponden al sistema educativo y garantizar el normal dictado de clases.
• Paritarias y salarios: Al problema del funcionamiento edilicio y de investigación se le suma el conflicto salarial con los gremios docentes y no docentes, cuyos haberes han quedado severamente rezagados, provocando sucesivos paros nacionales y movilizaciones masivas.

La revelación de Bartolacci sobre este intento de “canje” de fondos por silencio judicial deja en claro que, a pesar de los anuncios oficiales de transferencia, la tensión política entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Casa Rosada sigue estando lejos de resolverse. Desde el sector educativo insisten: el diálogo es necesario, pero la dignidad y la legalidad de las instituciones no están sujetas a negociación.

Servicio informativo IN-F