Mientras el oficialismo celebra la anulación del fallo de la jueza Preska como una victoria de la soberanía, en el mundo de las finanzas y la energía, la lectura es diametralmente opuesta. El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York no ha fortalecido el control estatal sobre YPF, sino que ha funcionado como un mecanismo de “limpieza de balances” que deja a la petrolera de bandera lista para su fragmentación definitiva y su extranjerización energética. El instrumento para ejecutar este plan ya está en marcha: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La reciente anulación del fallo de US$ 16.100 millones no solo ha dejado al gobierno argentino festejando, sino que ha provocado un desplome del 40% en las acciones de Burford Capital, un fondo de inversión que no se dedica a la producción de petróleo ni gas, sino a un negocio mucho más lucrativo: la litigación financiera.

La reciente anulación por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de la condena de US$ 16.100 millones contra Argentina es, más allá de un alivio financiero, el derrumbe de un relato judicial. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, había construido un fallo que, para muchos analistas escépticos, funcionaba más como un “algoritmo pro-mercado” que como un acto de justicia equilibrado.

Tras la euforia de los mercados y el desplome de las acciones del fondo Burford Capital, surge una pregunta que solo el escepticismo puede responder: ¿Estamos ante la recuperación de la seguridad jurídica o ante la puesta a punto de la “joya de la abuela” para su fragmentación definitiva?