En una muestra flagrante de intolerancia, prejuicio y abuso de poder, el Gobierno Nacional consumó un gravísimo atropello institucional que lesiona profundamente los principios democráticos de la República Argentina. A través de una orden directa de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, el Poder Ejecutivo retiró formalmente del Senado el pliego de la doctora María Verónica Michelli, quien se postulaba para ocupar la vacante de jueza en el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Por la Redacción de IN-FORMADOS

María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata, pero el gobierno retiró su pliego por orden de Karina Milei.

El motivo detrás de esta proscripción administrativa no radica en su idoneidad, sus antecedentes profesionales ni su desempeño técnico. El único “delito” de la postulante es un vínculo familiar: ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas de investigación más reconocidos del país y cuyas recientes publicaciones han sacudido las estructuras del poder oficial.

Un dictamen pisoteado por la venganza política

La maniobra del oficialismo no solo reviste una total falta de ética, sino que violenta los usos y costumbres del propio Poder Legislativo. La postulación de la doctora Michelli no era un simple borrador; el pliego ya había pasado por las audiencias correspondientes y contaba con dictamen de mayoría aprobado con la firma de nueve senadores de la Comisión de Acuerdos. Es decir, tenía los votos necesarios y estaba lista para ser tratada y aprobada en el recinto.

Sin embargo, en un laberinto de presiones que incluyó la retención indebida del despacho por parte del presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, la Casa Rosada decidió enviar la orden de retirada firmada por el Ministerio de Justicia. La contradicción es total: el propio presidente Javier Milei había rubricado y enviado ese pliego a mediados de marzo. Pero en la Argentina actual, la furia ante la investigación periodística pesa más que la firma presidencial y la independencia judicial.

El periodismo bajo asedio: el caso $LIBRA y los bienes oficiales

Para entender la raíz de este ensañamiento hay que mirar las páginas de los diarios. Hugo Alconada Mon ha sido una de las plumas que con mayor rigurosidad echó luz sobre tramas sumamente sensibles para el entorno presidencial: desde el polémico patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta el escándalo internacional de la criptomoneda $LIBRA, una supuesta estafa financiera que salpica de cerca la narrativa de transparencia de la administración libertaria.

Al no poder acallar las investigaciones ni refutar los datos documentados, el Gobierno optó por una metodología transversal de disciplinamiento: el castigo familiar. Vetar a una profesional del derecho con el argumento medieval de su parentesco con un tercero es un mensaje mafioso directo a todo el espectro periodístico y judicial: “Aquel que investigue o falle en nuestra contra, verá destruida la carrera de sus seres queridos”.

La demolición de la República y la meritocracia

Este proceder expone la soberbia de una gestión que declama respetar las instituciones pero actúa bajo el impulso del resentimiento y la ventaja política. ¿Dónde quedó la meritocracia que tanto pregonan en sus discursos? ¿Dónde está el respeto por la idoneidad técnica si una postulación judicial impecable se tumba con un llamado telefónico desde la Casa Rosada por cuestiones de alcoba y lazos de sangre?

Nota del Editor de IN-FORMADOS:

La intolerancia oficial ha cruzado un límite peligroso. Cuando el Estado utiliza las herramientas de la Constitución —como el nombramiento de magistrados— no para garantizar la justicia, sino como un garrote de venganza contra la libertad de prensa, la democracia se convierte en una cáscara vacía.

El caso de María Verónica Michelli en La Plata no es un hecho aislado; es una preocupante señal de alerta. Una sociedad que tolera que sus jueces sean vetados por portación de apellido o afinidad familiar está abriendo las puertas a una autocracia donde la lealtad ciega y el sumiso silencio son los únicos méritos válidos para ejercer la ley. Desde IN-FORMADOS rechazamos enérgicamente este atropello que degrada la República y lesiona el derecho fundamental de los ciudadanos a una justicia independiente.

Para profundizar en el rigor periodístico del colega afectado por esta medida y entender el contexto judicial del país, puede resultar de interés escuchar este análisis de Hugo Alconada Mon sobre los fallos institucionales de la Corte Suprema, el cual refleja la importancia de sostener la independencia de los magistrados frente a los vaivenes y presiones del poder político de turno.

Servicio informativo IN-F