En un nuevo avance sobre la regulación de los recursos naturales estratégicos, el gobierno de Javier Milei ha enviado al Congreso un proyecto de ley que busca la derogación definitiva de la Ley de Tierras Rurales (26.737). Tras los intentos fallidos vía DNU, el oficialismo redobla la apuesta para eliminar los topes que hoy limitan la propiedad extranjera en suelo argentino.

Redacción In-formados

Congreso de la Nación Argentina

El fin de los límites: ¿Qué se busca cambiar?

El proyecto, que ya genera fuertes roces en el Senado, propone desmantelar el sistema de protección vigente desde 2011. Actualmente, la ley prohíbe que más del 15% del territorio nacional (y de cada municipio) esté en manos extranjeras, además de imponer un límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.

La propuesta oficialista elimina estos “techos” de forma absoluta para privados. Según declaraciones recientes del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el objetivo es “incentivar la inversión y el desarrollo productivo”, permitiendo que cualquier persona o empresa extranjera compre extensiones ilimitadas de campo.

De la libertad de mercado a la “trampa de deuda”

Sin embargo, detrás de la narrativa de la “inversión”, analistas y sectores productivos locales advierten sobre un mecanismo mucho más peligroso: la extranjerización por vía financiera.

Al eliminar las restricciones de dominio, la tierra deja de ser un recurso soberano para convertirse en una garantía de pago líquida. El riesgo para el productor local es concreto:

1. Se incentiva el endeudamiento privado mediante créditos para proyectos “público-privados” o tecnificación.
2. Ante cambios bruscos en las reglas del juego económico (devaluaciones o quiebras inducidas), el acreedor extranjero puede ejecutar la deuda y quedarse con el patrimonio territorial sin obstáculos legales.
3. Este escenario recuerda a los pioneros forestales en provincias como Corrientes, que tras años de inversión, terminaron cediendo sus tierras a fondos internacionales al no poder afrontar compromisos financieros en contextos de crisis.

Un historial de persistencia

Este no es el primer intento. El Ejecutivo ya había incluido la derogación en el DNU 70/23, medida que fue frenada por la justicia federal tras considerar que no existía “necesidad ni urgencia” para vulnerar la soberanía territorial de forma tan drástica. Ahora, el debate se traslada al recinto legislativo, donde gobernadores de provincias estratégicas ya han manifestado su preocupación por la pérdida de control sobre sus recursos naturales y bosques nativos.

¿Qué está en juego?

Argentina cuenta hoy con aproximadamente un 5% de su superficie extranjerizada. Si bien parece un número bajo, se concentra en zonas con acceso clave a agua dulce, minerales y capacidad forestal.

Desde In-formados, advertimos que la eliminación de estos límites no solo facilita la compra directa, sino que expone al productor argentino a un tablero de juego donde el capital financiero global tiene todas las de ganar, convirtiendo nuestro suelo en una moneda de cambio para saldar deudas privadas, generadas en un principio con aparentes buenas intenciones, pero, si nos basamos en la historia reciente del caso forestal de Corrientes y su producción de pinos (Leer ,El Gran Remate del Interior argentino: ¿Desarrollo Forestal o Expropiación Financiera?) finalmente desviadas para obtener grandes ganancias para extranjeros a cambio de poco. Lo que más intriga genera es ¿Por qué el gobierno de Javier Milei insiste tanto con este tema? ¿Qué hay detrás de tanta insistencia?