La economía argentina atraviesa hoy una de esas encrucijadas donde la realidad estadística y el relato oficial parecen circular por andariveles opuestos. Mientras el Gobierno se esfuerza en colgar en las pizarras anuncios de inversión que superan los cien mil millones de dólares bajo el amparo del RIGI, los números fríos que arroja el INDEC muestran una realidad más esquiva: la formación de capital real acumula tres trimestres de caída sistemática (lo viene diciendo Hernán Lacunza, ex-funcionario de Macri). Esta brecha entre la promesa y el desembolso abre un abanico de interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de quienes hoy conducen los destinos del país.

Por Santiago Martínez

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Una de las interpretaciones posibles, y quizás la más optimista, es que nos encontramos ante un proceso de purificación macroeconómica. Bajo esta lógica, los funcionarios estarían asumiendo el costo político de mantener el cepo cambiario y postergar las reformas más populares para evitar un colapso inflacionario mayor. Aquí, la salida de las restricciones no sería una cuestión de voluntad, sino un objetivo técnico condicionado a un Banco Central saneado y a reservas que hoy todavía lucen famélicas. Es la teoría del “mal necesario” en pos de un ordenamiento que, de salir bien, vería sus frutos recién en el horizonte electoral de 2027.

Sin embargo, el escepticismo periodístico nos obliga a considerar otras posibilidades menos altruistas. En la historia política argentina, el “Plan Llegar” ha sido una moneda corriente: la simulación de una gestión activa que, en realidad, solo busca evitar que la bomba estalle antes de las elecciones. Si el convencimiento interno del funcionariado fuera que la derrota el año entrante es inevitable, los incentivos cambian drásticamente. En ese escenario, la postergación de las soluciones de fondo no sería una estrategia de estabilización, sino un mecanismo para dejarle la “tierra arrasada” al sucesor, garantizando que el costo de la normalización económica sea pagado por otros.

Existe, no obstante, una dimensión más inquietante que se desprende de los recientes escándalos judiciales que involucran a figuras de extrema confianza en el entorno presidencial. El manejo de divisas en efectivo, los crecimientos patrimoniales difícilmente explicables y la sospecha de una economía paralela que fluye en negro por los despachos oficiales sugieren una tercera posibilidad: la del enriquecimiento personal como fin último. Bajo esta premisa, la gestión pública se convierte en un decorado, un escenario montado para ganar el tiempo necesario mientras se cierran negocios privados, se triangulan activos al exterior o se adquieren bienes a través de testaferros, fuera del radar de los organismos de control.

¿Estamos ante una administración técnica que lucha contra la herencia, ante un equipo político que solo busca sobrevivir un turno más, o ante una estructura que aprovecha la confusión del mercado para el beneficio propio? Los elementos actuales no permiten descartar ninguna de estas opciones. Sin embargo, cuando los anuncios de inversión no se traducen en máquinas instaladas, pero sí en refacciones de lujo y viajes imprevistos de los funcionarios, la sospecha de que los intereses mezquinos han tomado el comando de la economía deja de ser una hipótesis para convertirse en una línea de investigación necesaria.

En IN-FORMADOS creemos que la verdad suele esconderse en las inconsistencias. Y hoy, la mayor inconsistencia es una Argentina que promete un futuro de prosperidad mundial mientras sus responsables parecen estar más ocupados en asegurar su propio retiro dorado que en abrir los candados que mantienen prisionera a la producción nacional. El tiempo, y la justicia, terminarán por ponerle nombre a esta etapa. Por ahora, nos queda la duda metódica y el compromiso de no dejar de observar hacia dónde fluye, realmente, el dinero de los argentinos.

Servicio informativo IN-F