El Gobierno celebra el superávit fiscal como un hito innegociable. Sin embargo, un análisis riguroso de las cuentas públicas revela que el “equilibrio” actual es un edificio sostenido por andamios temporales. Para que el número sea sostenible, el Estado debe dejar de “patear” obligaciones y empezar a cerrar las grietas por donde históricamente se fuga la eficiencia pública.

Por Redacción In-formados

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La contabilidad del “mientras tanto”

El superávit financiero de marzo ($484.789 millones) no es fruto de un crecimiento de ingresos, sino de un recorte real del gasto y, fundamentalmente, de una gestión de la “deuda flotante”. Al utilizar el criterio de base caja (lo efectivamente pagado) en lugar del devengado (lo comprometido), el Tesoro logra mostrar aire en las cuentas mientras acumula facturas en el cajón por 1,4 billones de pesos.

Si bien este mecanismo funciona como un amortiguador para frenar la emisión monetaria —objetivo primario de la gestión Caputo—, el costo se traduce en una parálisis de áreas sensibles y en una creciente deuda con generadoras eléctricas y provincias. No es una mejora estructural; es un torniquete de emergencia.

El elefante en la habitación: Los retornos y el nepotismo

Más allá de la frialdad de los números, la salud fiscal de un país depende de la confianza en sus instituciones. Aquí es donde el debate se vuelve incómodo. El sistema actual es eficaz para detectar si “faltan billetes”, pero es ciego ante la sustracción indirecta:

• Triangulación de favores: Contrataciones de familiares en empresas proveedoras o consultorías de dudosa necesidad.
• Retornos encubiertos: Dinero que sale legalmente del Estado pero cuyo destino final es el financiamiento de la política o el enriquecimiento personal.

Hoy, la Oficina Anticorrupción (OA), al depender jerárquicamente del Ejecutivo, actúa como un juez que debe auditar a su propio jefe. Mientras no exista una autarquía real con responsabilidad solidaria —donde el auditor responda con su patrimonio si omite investigar lo que es evidente para la opinión pública—, el superávit seguirá siendo un botín en disputa y no una política de Estado.

Hacia un Congreso de carrera

La sostenibilidad del ajuste también requiere un respaldo legislativo que hoy parece “atado con alambre”. La proliferación de legisladores “paracaidistas” o “levanta-manos” degrada la calidad de las leyes. Una verdadera reforma debería apuntar a una carrera legislativa técnica, donde la idoneidad y el conocimiento reemplacen a la lealtad ciega al líder de turno.

Conclusión

Argentina ha logrado un respiro financiero, pero el camino hacia la honorabilidad pública es largo. Un superávit basado en ingresos extraordinarios y deudas postergadas es una utopía de corto plazo. El verdadero superávit será aquel que se logre con una economía en crecimiento, organismos de control independientes y un Congreso que entienda que su función no es solo votar, sino auditar con rigor y ética.